La ejecución de convenios, el financiamiento del asfaltado y el mantenimiento de las vías de Calvas enfrentan las versiones del alcalde Jorge Montero y la Prefectura de Loja. Ambas partes exponen sus argumentos sobre las inversiones realizadas y las responsabilidades institucionales.
Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La ejecución de obras públicas y el cumplimiento de convenios interinstitucionales generaron un nuevo cruce de declaraciones entre el alcalde de Calvas, Jorge Montero Rodríguez, y la Prefectura de Loja, encabezada por Mario Mancino Valdivieso.
Durante una intervención pública, Montero cuestionó la participación de la institución provincial en varios proyectos de Cariamanga y aseguró que el Municipio debió asumir trabajos que, según manifestó, estaban contemplados en acuerdos suscritos entre ambas entidades.
El alcalde cuestiona los convenios y la ejecución de obras
Jorge Montero se refirió a un convenio de cooperación interinstitucional suscrito el 25 de agosto de 2023, según la documentación que presentó durante su intervención. Entre los trabajos mencionados constarían el asfaltado de calles aledañas al parque central, la explanada del terminal terrestre y otros proyectos viales.
El alcalde sostuvo que el Municipio ejecutó trabajos de alcantarillado pluvial y sanitario, conexiones domiciliarias de agua potable, movimientos de tierra y preparación de la estructura vial en la calle 18 de Noviembre.
También cuestionó la calidad de una intervención asfáltica provisional que, según su relato, se deterioró con las primeras lluvias. Afirmó que su administración tuvo que asumir nuevas labores para atender las necesidades de movilidad de los habitantes y comerciantes del sector.
En su exposición, Montero presentó documentos que, según indicó, corresponden a la terminación por mutuo acuerdo de un convenio anterior. Asimismo, mencionó valores relacionados con los acuerdos y las obras ejecutadas por el Municipio, entre ellos una inversión de 285.459,11 dólares para la reconstrucción del terminal terrestre de Cariamanga.
El alcalde también reclamó atención para la carretera Cariamanga–Macaicanza–El Tablón de Lucero, cuyo estado calificó como deteriorado, y cuestionó la distribución de las inversiones provinciales en el cantón.
La Prefectura defiende su gestión en Calvas
Frente a los cuestionamientos, la Prefectura de Loja difundió un comunicado en su cuenta de Facebook en el que rechazó las declaraciones del alcalde y afirmó que la actual administración provincial ha impulsado más de 16 obras en Calvas, con una inversión global superior a los 9,5 millones de dólares durante tres años de gestión.
Según el comunicado, la institución aportó más de 420.000 dólares para el asfaltado de la calle 18 de Noviembre y la explanada del terminal terrestre, recursos que, de acuerdo con la Prefectura, fueron ejecutados completamente.
En materia de conectividad, la entidad provincial destacó el asfaltado de la vía Cariamanga–Yambaca, con una inversión señalada de 3,4 millones de dólares; la rehabilitación de la carretera Cariamanga–Lucero–Río Pindo, con más de 542.000 dólares; y los estudios para el asfaltado de la vía Yambaca–El Toldo–Ye de Tabloncillo, cuya ejecución, según anunció, está prevista para 2027, con una inversión superior a los 3,3 millones de dólares.
La Prefectura también informó sobre el proceso de licitación del puente Bellamaría, con un monto de 827.000 dólares, así como la intervención en cuatro sistemas de riego: Naipongo, La Chirimoya, Usaime-Sanguillín y Chaquizca-Luranda.
En el ámbito productivo, señaló que desarrolla programas de capacitación, instalación de viveros y entrega de equipos para más de 60 familias cafetaleras de Macaicanza y Utuana. Además, indicó que impulsa acciones para fortalecer la actividad ganadera en Utuana mediante formación y mejoramiento genético bovino.
La vialidad rural, otro punto de controversia
En su pronunciamiento, la Prefectura recordó que el alcalde asumió competencias relacionadas con la vialidad rural a través del Consorcio Vial Ahuaca. Según la entidad, desde 2023 entrega un aporte anual de 250.000 dólares e incluyó una excavadora de orugas para apoyar las labores correspondientes.
Con este argumento, la institución provincial sostuvo que la administración del consorcio implica responsabilidades directas del Municipio frente a las comunidades rurales.
Una disputa sobre responsabilidades e inversión pública
Las declaraciones de ambas partes evidencian diferencias sobre la ejecución de convenios, el financiamiento de obras y las competencias para mantener la infraestructura vial de Calvas.
Mientras el alcalde atribuye al Municipio trabajos que, según afirma, no fueron cumplidos por la Prefectura en los términos previstos, la entidad provincial defiende su gestión mediante cifras de inversión y un listado de proyectos ejecutados, en marcha o planificados.
Para establecer el alcance de las responsabilidades institucionales será necesario contrastar los convenios originales, sus modificaciones y terminaciones, los contratos de obra, las actas de recepción y los registros de ejecución presupuestaria.
La controversia mantiene en el centro del debate público la inversión provincial y municipal, así como las necesidades de infraestructura vial y servicios básicos de los habitantes de Calvas.
