Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Siete de los excarcelados por el caso conocido como Los 10 de Luluncoto fueron trasladados a la clínica de El Batán para una revisión médica. Ellos permanecieron dos semanas en huelga de hambre.
El recurso de hábeas corpus se emitió el miércoles, pero las boletas de libertad no fueron enviadas a l casillero juidicial del centro de Detenciones para obtener la libertad. Por ello, esta mañana amigos y familiares esperaban su salida en los exteriores del Penal.
Hoy viernes, luego de toda una mañana de protestas afuera del centro, los siete jóvenes obtuvieron su libertad. Ellos son: Santiago Gallegos, Héctor Estupiñán, Enrique Zambrano, Royce Gómez, Andrés Castro, Hugo Vinueza, Alberto Merchán.
La Sala había negado el recurso para las tres mujeres (Cristina Campaña, Abigaíl Heras y Fadua Tapia; esta última no está encarcelada, pues al momento del operativo policial, realizado en marzo pasado, estaba embarazada).
Ayer, jornada de espera
Llevaban ocho horas de espera afuera del Centro de Detención Provisional de Quito (CDP), a la expectativa de la liberación de siete de los diez procesados en el caso Luluncoto. Eran las 15:00 de ayer, cuando unas 40 personas –entre familiares, amigos y coidearios de los detenidos– recibieron una noticia desalentadora. “¡Nos acaban de informar que la jueza Katerine Muñoz… va a firmar las notificaciones de libertad a las seis de la tarde!”, gritó la presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Adriana Pallasco.
De ser así, advirtió furiosa, “nuestros compañeros se tendrán que quedar un día más encarcelados, pues a las cinco de la tarde se cierran las oficinas públicas”. En ese instante, la multitud se fue a la Corte Provincial de Pichincha para exigir celeridad en el trámite.
Katerine Muñoz Subía es la presidenta de la 1ª Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de Pichincha. Los tres jueces de esa judicatura –con el voto salvado de la jueza Muñoz– aceptaron la tarde del miércoles el hábeas corpus para siete de los diez detenidos, a quienes el Gobierno acusa de sabotaje y terrorismo por pertenecer al Grupo de Combatientes Populares y de haber puesto bombas panfletarias en el 2011.
Antes de ser jueza, Muñoz fue asesora del presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, quien fue designado en ese cargo por el presidente Rafael Correa.
La Sala aceptó el recurso solo para los siete hombres, pues el bus del CDP llegó tarde a la audiencia del miércoles y el art. 45 de la Ley de Garantías Constitucionales indica que si las autoridades impiden la presencia de los detenidos en las audiencias de hábeas corpus, automáticamente serán aceptados los pedidos de libertad.
Cuando los simpatizantes de los detenidos llegaron a la Corte Provincial, la tarde de ayer, se armó una algarabía en los bajos del edificio y agitaban banderas del Movimiento Popular Democrático (MPD). Eran las 15:45. El dirigente de ese partido Ángel Orna subió a la oficina de Muñoz. Luego contó que la jueza firmó la notificación de libertad y que en ese instante la enviaba al casillero judicial del CDP. Más tarde informó que el director del centro, Camilo Cadena, se opuso a ordenar para que en ese momento se retire la notificación del casillero. “Lo van a hacer mañana (hoy), a las 08:00”, indicó Orna.
Caso Balda: Audiencia suspendida
Nueva sesión en enero
La audiencia del juicio que el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, sigue en contra del exasambleísta alterno de PSP Fernando Balda, por un presunto delito contra la seguridad del Estado, fue suspendida por cuarta ocasión ayer, en el Tribunal Sexto de Garantías Penales de Pichincha. El abogado defensor Víctor Hugo Cevallos señaló que asumió la defensa el lunes pasado y no tuvo tiempo de conocer todo el proceso.
