Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- En una reciente sesión extraordinaria del cabildo de Loja, Víctor González, durante su intervención sobre el proyecto de reforma a la Ordenanza 055-2018 que regula el Sistema Intermodal de Transporte Urbano (SITU), lanzó serios cuestionamientos a la propuesta de alza de pasajes, abogando por una revisión exhaustiva del sistema antes de cualquier incremento.
González inició su intervención destacando que la movilidad es sinónimo de progreso y mejora la actividad económica, pero advirtió que un aumento en el costo del transporte disminuye automáticamente el consumo. Presentó datos preocupantes: entre 2014 y 2026, el crecimiento de usuarios del transporte urbano en Loja fue de apenas mil personas, a pesar de un alza de 5 centavos en 2014.
Este estancamiento sugiere que la gente está migrando a otros sistemas de movilidad, un problema que, según él, debe llamar la atención de las autoridades.
Víctor González enfatizó que no están en contra del transporte urbano, reconociéndolo como un complemento esencial para el desarrollo de cualquier ciudad. Sin embargo, insistió en la necesidad de una discusión amplia y participativa sobre el tema.
Uno de los puntos más críticos de su exposición se centró en el impacto social de un posible aumento. Citando una encuesta municipal, reveló que el 52% de los usuarios del transporte tiene ingresos de $250.
Para este segmento de la población, un incremento en el pasaje significaría restar dinero a su alimentación para poder movilizarse. La misma encuesta indica que el 91% de los usuarios no está de acuerdo con un alza. «No decimos ‘No a ningún alza’«, aclaró González, «decimos ‘Sí a una revisión’, porque el alza per se no mejora la movilidad, que es un problema de todo Loja».
González también desglosó lo que considera fallas en el estudio de costos que sustenta el alza. Mencionó que la metodología, aunque cumple la norma, extrapola los gastos de un solo bus a los 238 buses existentes, lo que genera un «error muy complicado».
Específicamente, señaló que gastos de presentación por $6400 y gastos administrativos, incluyendo aportes de los conductores al consorcio y operadoras, que superan el millón de dólares, están indebidamente incluidos en los costos fijos. Argumentó que estos aportes son de carácter social y no deberían figurar como costos, inflando artificialmente el punto de equilibrio y, por ende, la necesidad de más recursos.
Además, recordó que el COIP establece que la defraudación tributaria es penada (Artículo 298) y que los funcionarios que contribuyan a ella deberían perder sus puestos. Implícitamente, sugirió que la inclusión de gastos no legítimos podría configurar una situación de este tipo.
Víctor González criticó que el estudio no contempla una «tarifa socialmente justa». Según el documento, si la tarifa normal no cubre a los ciudadanos, los municipios deberían encontrar una fórmula para subsidiarla. Propuso que el cabildo sea un espacio para la participación ciudadana en decisiones trascendentales, como la movilidad.
Concluyó su intervención abogando por un cambio en el modelo de gestión del transporte, sugiriendo que el consorcio debería manejar todo el transporte y los buses, lo que permitiría compras en volumen y, consecuentemente, una disminución de los costos fijos y variables, además de la necesidad de cambiar las rutas. «La movilidad es un problema real para esta ciudad», sentenció, instando a una amplia discusión para resolverlo.
