Loja.- (Diario LA HORA).- Las denuncias de cobro indebido de dinero a los contratados del sector público para financiar la campaña de Alianza País (AP) desatan varias críticas.
Para el jurisconsulto Iván Roldán, AP mantiene vigentes viejas prácticas que se hicieron evidentes en el Gobierno de Fabián Alarcón.
“Perjudican a los servidores tomándose un cierto porcentaje de su sueldo o a su vez se benefician del presupuesto para contratos de obras públicas”, dijo al tiempo de destacar que el Código de la Democracia sanciona este tipo de hechos.
Considera que el Tribunal Provincial Electoral de Loja debería iniciar con las investigaciones para determinar responsabilidades. O en su defecto la Fiscalía, ya que pedir contribuciones económicas para campaña se trata de un delito de concusión que es sancionado por el Código Penal con reclusión.
Para el articulista de opinión, Lenin Paladines, el hecho de exigir dinero para la campaña electoral es un acto de corrupción criticable, que debe ser denunciado por los perjudicados ante la Fiscalía o la Contraloría General del Estado, ya que ante todo se debe respetar su dignidad y honorabilidad.
El director Regional de la Contraloría General del Estado, Juan Sarango, mencionó que no tienen competencia sobre este asunto porque “si los dineros pasan a la cuenta de un tercero dejan de ser fondos públicos”, indicó.
Continúan las exigencias
Por otro lado, en ciertos colegios de la localidad a los maestros se les ha pedido cuotas económicas con fines proselitistas. Entre ellos, el Colegio Bernardo Valdivieso, donde presuntamente se los habría reunido a los profesores para comunicarles de la exigencia.
