Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Aunque solo han pasado dos días en la audiencia de juzgamiento, los abogados y organismos de derechos humanos consideran que los ‘10 de Luluncoto’, procesados por presunto sabotaje y terrorismo, enfrentarían un fallo condenatorio.
En la jornada de ayer de la diligencia, a cargo del Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha, se recogieron testimonios de los policías que participaron en la captura.
La audiencia se instaló a las 09:00. El primero en comparecer fue el teniente coronel Mauro Vargas, quien dirigió el operativo Sol Rojo el 3 de marzo del 2012.
Luego habló el fiscal José Luis Jaramillo, quien aseguró que hubo fuga de información a través de las redes sociales respecto del desarrollo de la diligencia reservada.
Tras ello, hubo un receso a las 12:00. La reinstalación se produjo a las 14:00.
Los defensores de los jóvenes denunciaron supuestas anomalías cometidas en el trámite del proceso, entre las que mencionaron el hecho de que la audiencia sea reservada, la falta de notificación a los testigos y los cambios de los jueces.
Insistieron en que la Fiscalía no ha podido probar la vinculación de los enjuiciados con la supuesta infracción de sabotaje y terrorismo.
Según el abogado Ramiro García, es evidente que en este caso la Fiscalía no tiene pruebas para inculpar a los jóvenes por lo que una condena en su contra podría ser considerada un acto de “corrupción judicial”.
“Tienen el control gubernamental sobre los organismos de justicia, que esperamos no opere en este caso. Confiamos, con muchas reservas, que los jueces actúen independientemente”.
En esa misma línea se pronunciaron los otros miembros del grupo de abogados, Gonzalo Realpe y Ciro Guzmán.
Este último cree que el proceso confirma la persecución política del Estado en contra de los luchadores sociales.
A criterio de la activista de los derechos humanos, Elsie Monge, a la defensa de los jóvenes no les quedará otra alternativa que acudir a la justicia internacional, representada en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Esto debido a los efectos negativos en el campo psicológico y socioeconómico que provocó en los jóvenes su detención y enjuiciamiento.
Ellos tienen ahora sus “vidas destrozadas” por la violación a sus derechos a la vida, a la libertad, a su integridad personal y a su buen nombre, refirió.
Con el proceso, dijo Monge, los acusados fueron “estigmatizados como terroristas y eso les provocará daño moral y vidas truncadas”.
