Guayaquil.- (Andes).- La semana pasada la Policía efectuó un operativo en los sectores de la Florida y el Suburbio, zonas vulnerables del norte y oeste de esta ciudad portuaria. Luego de seguimientos y averiguaciones, los uniformados detectaron a cuatro hombres que se desplazaban en motocicletas y efectuaban cobros de dinero a dueños de pequeños negocios.
Los agentes los detuvieron y al hacerles los registros respectivos les encontraron 45 tarjetas de cobros, dinero en efectivo y otras prendas que hacían presumir el cometimiento del presunto delito de usura.
Los individuos fueron llevados ante las autoridades judiciales para formularles las respectivas audiencias de flagrancia y les ordenaron sus detenciones para someterlos a investigaciones bajo los cargos de usura.
Horas después del operativo, las autoridades de Policía en la provincia anunciaron que las capturas de las cuatro personas se dieron gracias a la colaboración de ciudadanos que denunciaron las amenazas que recibían de parte de los ahora detenidos para que les paguen por unos préstamos que recibieron.
Estas detenciones son el resultado de la campaña que emprende el Ministerio del Interior para combatir en el país a las redes dedicadas a la usura, actividad que deriva en otros delitos como el sicariato y lavado de activos.
Según cifras de la Fiscalía, desde enero del 2012 hasta mayo de 2013 se han presentado 340 denuncias contra chulqueros, que usualmente recurren a la intimidación y hasta el asesinato para cobrar las deudas. Las provincias con más denuncias son Pichincha y Guayas, en ese orden (ver gráfico).
Es el caso de Marisol, quien para poder costear el arreglo de la furgoneta con la que ofrece el servicio de expreso tuvo que acudir a un prestamista, pero al no poder cumplir los pagos en la fecha acordada la deuda se fue incrementando por los intereses.
“La deuda se me volvió impagable. Reclamé por los exagerados intereses y que me den plazo para pagar, pero solo recibí negativas y amenazas como respuesta, por eso decidí acudir a la Fiscalía para buscar ayuda”, expresó la mujer, moradora de una ciudadela del norte de Guayaquil.
La Ley ecuatoriana determina que solo las personas que formen parte del sistema financiero y que tienen el certificado de la Superintendencia de Bancos pueden captar y prestar dinero.
Un informe del Ministerio del Interior indica que este ilegal negocio ha ganado espacio en las economías de varias provincias, ya que los ´prestamistas´ facilitan dinero rápido con intereses en el orden del 15 y 20 por ciento mensual, que son superiores al máximo permitido por la ley.
En muchos de los casos, los chulqueros convencen a las víctimas que firmen letras en blanco o entreguen cheques de garantía o escrituras de una propiedad.
Por ello, la campaña de la Cartera de Estado invita a los ciudadanos a involucrarse en las soluciones a esta problemática denunciando a los líderes de estas organizaciones de usureros, a través de una llamada al número 1-800 Delito (335486).
Según explica el ministro José Serrano, los denunciantes reciben todas las garantías de protección de su identidad y pueden recibir recompensas de hasta 50.000 dólares si facilitan información precisa que permita dar con los cabecillas de este ilícito.
Pero la ‘guerra’ contra el chulco no solo tiene un marco represivo, sino también contempla aspectos sociales como el acompañamiento a los sectores más vulnerables de la sociedad, que son las principales víctimas de bandas de usureros.
En ese contexto, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social trabaja en jornadas de capacitación con los distintos actores de la economía popular y solidaria sobre facilidades para créditos que se pueden gestionar desde esta Cartera y evitar así que la población recurra a los chulqueros.
Cecilia Vaca, titular del Ministerio, indicó en entrevista a una emisora local que se busca, además, trabajar con las pequeñas cooperativas para facilitarles créditos a bajo interés, que permitan construir emprendimientos.
Agregó que la capacitación también abarca a los operadores de justicia de manera que se refuercen los controles y se sancione a los responsables de esta práctica ilegal.
Entre tanto, el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) otorga créditos como anticipo de hasta dos años del Bono de Desarrollo Humano, cuyos montos pueden alcanzar los 1.200 dólares, siempre que el beneficiario presente un proyecto productivo.
Ximena Grijalva, directora del IEPS, explicó por ejemplo el caso de campesinos que han recibido los adelantos del bono para emprender en el negocio de la venta de lácteos. “Estos créditos han permitido a 145.000 familias mejorar su calidad de vida”, señaló la funcionaria durante una entrevista a una radio.