Quito.- (Andes).- La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) emitió un comunicado en respuesta a la nota periodística «República Checa da asilo a un abogado ecuatoriano perseguido en su país», del pasado 21 de octubre y originaria de la agencia EFE.
En la misiva indica que el aparente asilo político otorgado a José Luis Guerrero Martínez, hermano de Pablo Guerrero Martínez, involucrados en el caso del 30-S (30 de septiembre de 2010), se basa en informaciones especulativas obtenidas a través de fuentes del mismo abogado.
“El supuesto asilo político otorgado es un rumor no confirmado por el gobierno de ese país, no existe información oficial que lo valide. El Ministerio de Justicia de Ecuador está reuniendo la información solicitada por República Checa para estudiar la solicitud de extradición interpuesta por el Estado ecuatoriano”, indica el remitido de Fernando Alvarado, secretario de Comunicación.
Un extracto del comunicado de la Secom dice: Es absolutamente falso que Guerrero haya sido “perseguido en su país para ejercitar sus derechos y libertades o que lo que realmente hacían ‘Los Trece’ era protestar pacíficamente a favor de la libertad de expresión y así concienciar a la ciudadanía contra la aprobación de la nueva Ley de Comunicación”; mucho menos que “el presidente Correa solo aprovechó los sucesos del 30 de septiembre de 2010 para castigar de forma ejemplar a activistas disidentes y librarse de personas incómodas”, como él afirma en la nota de EFE.
La Secom indica que de acuerdo a investigaciones realizadas por la fiscalía por un período de seis meses, los hermanos Guerrero apoyaron y promovieron el levantamiento policial que derivó en intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010.
“Las acciones por las cuales fueron imputados no constituyen delitos políticos, la acusación claramente define que es por allanamiento violento y destrucción de bienes públicos, ya que en compañía de 40 personas irrumpieron y destrozaron las instalaciones del edificio de Medios Públicos”, gira la carta aclaratoria.
Los hermanos Guerrero se enfrentan con la justicia ecuatoriana, por el cometimiento de un delito, de acuerdo a lo que dicta el artículo 158 del Código Penal. “… el que destruya, deteriore, inutilice, irrumpa o paralice servicios públicos (…) o instalaciones de radio, teléfono, telégrafo, televisión o cualquier otros sistema de transmisión (…) con el propósito de producir alarma colectiva”, recuerda la misiva.
El 16 de agosto de 2011, inició el proceso judicial en contra de 13 personas imputadas por la irrupción y daños ocasionados a las instalaciones de los Medios Públicos, pero 10 días después de iniciado el proceso, el juez Raúl Martínez encargado del caso ordenó prisión preventiva para seis de ellos, entre los cuales estaban los hermanos Guerrero.
Frente a la información difundida por EFE, la Secom, pide verificar y contrastar fuentes, y recomienda a los medios que replicaron dicha información remitirse al link http://goo.gl/GBCnm4.
