Quito.- Con la presencia de la ministra del Ambiente, Lorena Tapia, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales prosiguió el análisis y discusión del Libro Cuarto del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
La ministra Tapia Núñez explicó que la creación de la Guardia Ambiental, que contempla el Libro Cuarto, está pensada para complementar aquellos hechos que se producen en nuestras áreas protegidas y una respuesta armada frente a delitos ambientales.
Reiteró que este personal armado, que dependerá del Ministerio del Ambiente, tendría una línea de acción permanente, para un control y vigilancia más eficiente a los delitos de minería ilegal y el tráfico de vida silvestre, que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), al señalar que acogerán experiencias internacionales al respecto, como la de Canadá.
En el proceso de transición se irán definiendo, de mejor forma, los correspondientes perfiles que debe cumplir el personal y, lo que es más, la aplicación de protocolos específicos: cómo actuar ante la minería ilegal y tráfico de vida silvestre, además, de apoyar la tarea de los Guardaparques en cuanto a los incendios provocados.
Preocupación
Entre tanto, los asambleístas María Augusta Calle, Verónica Rodríguez, Antonio Posso y Rodrigo Collaguazo, coincidieron en expresar la preocupación por militarizar las áreas protegidas, a través de la Guardia Ambiental, que tendría un carácter militar, incluso que tendrá facultad de investigación, cuando esa competencia estará asignada al nuevo Servicio Civil de Investigación del Delito.
La vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, María Augusta Calle, dijo que no se puede hablar de experticia solo por haber integrado las Fuerzas Armadas o la Policía como para formar parte de la Guardia Ambiental, con cuyos miembros se militarizarían las áreas protegidas y sectores rurales, además que ese nuevo cuerpo requerirá de un ingente presupuesto, agregó.
De su lado, Raúl Guaña, de la asesoría jurídica del Ministerio del Ambiente, sostuvo que es insuficiente, hoy por hoy, el accionar para frenar la minería ilegal y otros nuevos delitos contra la naturaleza, por lo que la referida guardia permitiría superar estos conflictos, sin que ello implique una militarización de las zonas protegidas.
