(Por. Carlos Salinas.- El País).- Tres de los hombres más ricos de Nicaragua se reunieron el fin de semana con el presidente Daniel Ortega para pedirle que se abra una negociación con la oposición para encontrar una salida a la crisis política que este martes cumple diez meses. Los representantes del llamado “gran capital” del país centroamericano exigen al Gobierno que la negociación sea “rápida, efectiva y creíble”.
El Gobierno respondió, a través de Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, que “siempre está abierto a conversar y buscar soluciones creativas”, aunque el lunes la justicia, controlada por el mandatario, condenó a más de 500 años de cárcel a tres líderes del movimiento campesino que desde 2013 plantaron cara a la construcción de un Canal Interoceánico financiado por un oscuro empresario chino y que participaron activamente en las manifestaciones contra Ortega iniciadas el pasado abril.
En un comunicado conjunto estos propietarios de las grandes fortunas de Nicaragua dijeron que decidieron reunirse con el Gobierno para reiterar la “urgencia de una negociación incluyente, seria y franca” para poner fin a la crisis que amenaza con destrozar la economía nicaragüense, la segunda más pobre del continente, solo superada por Haití.
Para los empresarios es importante la negociación con representantes de la sociedad civil, en referencia a la denominada Alianza Cívica, una variopinta organización que reúne a feministas, estudiantes universitarios, representantes del sector privado, campesinos y académicos.
La Alianza se formó para negociar con el Ejecutivo sandinista en el marco del denominado Diálogo Nacional, que inició en mayo, pero que fracasó tras la negativa de Ortega de abrirse a una agenda de reformas políticas y el adelanto de elecciones.
Silvio Báez, obispo auxiliar de la archidiócesis de Managua, dijo por su parte que para que pueda reanudarse un diálogo con Ortega hay “requisitos” y mencionó que “el primero de todos” es la liberación de los “presos políticos”: más de 600 personas detenidas por oponerse al régimen.
Entre esos detenidos están los líderes del movimiento campesino “anticanal” Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando Icabalceta, quienes el lunes fueron condenados por “terrorismo” y otros delitos a un total de 585 años de cárcel –entre los tres–, en un proceso que fue denunciado como “espurio” por defensores de derechos humanos.
La liberación de estos detenidos es también una de las condiciones que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, quien pidió al Gobierno que permita el ingreso al país de sus representantes, para dar apoyo al diálogo y seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país. Ortega expulsó en diciembre a los integrantes de una misión de ese organismo y también a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que publicaron un informe tras seis meses de investigaciones en Nicaragua, en el que señalan que el Gobierno habría cometido “crímenes de lesa humanidad” en el marco de la represión contra las protestas.
La reunión de Ortega con los empresarios se da una semana después de que un representante de Luis Almagro, secretario general de la OEA, visitara al exguerrillero sandinista en Managua, para tenderle un puente que permita encontrar una salida negociada a la crisis. Tanto el Gobierno como la OEA acordaron mantener un “canal de comunicación abierto”, pero el organismo interamericano pone condiciones para una negociación, entre ellas la liberación de los detenidos por el régimen.
Ese acercamiento se da después de meses de distanciamientos, en los que Almagro intentó mover el tablero diplomático latinoamericano para “asfixiar” lo que ha catalogado de “dictadura” nicaragüense.
