Quito.- Los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) no serán parte de la investigación de la Fiscalía por el caso de las firmas falsas, en el cual deberán responder los dirigentes de los movimientos y partidos políticos que se registraron en el organismo electoral.
El fiscal general, Galo Chiriboga, informó que la indagación fiscal se inició el pasado 27 de julio en la que no entrarán los vocales del CNE ni ningún otro funcionario. Pero sí serán llamados a rendir su versión.
“El fiscal Fabián Salazar lleva lo relativo a las investigaciones en el que la víctima es el CNE, a quien se le presentó presumiblemente firmas falsas y por tanto se hace una investigación sobre lo ocurrido en el CNE”, reiteró Chiriboga.
Según el fiscal, en la indagación que lleva adelante la institución se contempla un total de 260 comparecientes que incluye a asambleístas, vocales del CNE, dirigentes de organizaciones políticas y representantes de las empresas que supuestamente se dedican a vender bases de datos y cuyos nombres no los reveló.
Galo Chiriboga-Fiscal General del Estado
Aunque en esta nómina no está el presidente Rafael Correa, el fiscal Salazar dijo que analiza la posibilidad de convocarlo para que rinda su testimonio.
La primera en ir a la Fiscalía es la asambleísta Lourdes Tibán (Pachakutik), quien fue señalada por el presidente Rafael Correa el pasado martes como la persona que conoce el nombre de las compañías que ofertan bases de datos.
Hasta el momento, dijo Salazar, han comparecido 200 personas entre funcionarios y vocales del CNE y particulares; otras 60 se mantienen en una nómina que no fue revelada debido a que la indagación previa, por mandato legal, tiene el carácter de reservada.
Según Chiriboga, la investigación de la Fiscalía se centra en tres delitos: contra la fe pública por la falsificación de firmas, desnaturalización de la redacción de documentos públicos, utilización de documentos presumiblemente falsos, certificados públicos falsos y emisión de certificados falsos por funcionario público; así como también la falsificación electrónica.
En materia de garantías constitucionales, el fiscal dijo que se registra el fraude y la inviolabilidad del secreto. “Esos son los paratipos que estamos investigando; no necesariamente quiere decir que uno de esos delitos ha ocurrido”, aclaró.
De las casi 5 millones de firmas que entregaron los partidos y movimientos políticos, según el fiscal, el 34% (1 millón 700.000 firmas) tendrían problemas de inconsistencias.
En las investigaciones de 15 peritos y seis miembros de Criminalística, se solicitó a los representantes legales de grupos que cooperen con la indagación, remitiendo las fichas de inscripción de sus adherentes y afiliados para tener una fuente de información adicional. “Los partidos no deben temer si no actúan fuera de la ley”, dijo.
Mientras tanto, el presidente Rafael Correa en un diálogo con medios reiteró anoche que “los responsables (de las rúbricas falsas) son los seudomovimientos políticos que compraron firmas. Ellos sabían que eran bases de datos robadas, probablemente al CNE”.
Agenda: Diligencias
Para hoy están convocados a testificar en la Fiscalía la asambleísta Lourdes Tibán (PK) y el vicepresidente del CNE, Paúl Salazar.
El exlegislador de la ID, Carlos González, indicó que también prevé asistir a la Fiscalía para denunciar la falsificación de firmas de cuatro miembros de su familia: su hija Helena, que aparece afiliada a Participación Ciudadana; su hijo Carlos, al movimiento SUMA; y su esposa Patricia y él, en Avanza.
El titular del CNE, Domingo Paredes, anunció que el próximo martes se reunirá el Consejo Consultivo de Partidos y Movimientos para comentar sobre la reciente resolución del organismo, de revisar el 100% de las rúbricas. No confirmó todavía dónde será este nuevo reprocesamiento.
Ayer, los dirigentes del Movimiento Popular Democrático (MPD) se quejaron públicamente porque no se les permitió presentar un pedido a la Fiscalía para que se le convoque al presidente Rafael Correa, y una denuncia en contra de los vocales del CNE por omisión.
