Quito.- Tres semanas después de la derrota en la consulta popular, el gobierno de Daniel Noboa, a través de su bancada Acción Democrática Nacional (ADN), presentó la primera propuesta de enmienda constitucional de este nuevo ciclo político.
La iniciativa, anunciada por la asambleísta Lucía Pozo en Quito, busca retirar a las personas privadas de libertad del listado de “grupos de atención prioritaria” contemplado en el artículo 35 de la Constitución de Ecuador.
La enmienda propone eliminar la referencia a los reclusos dentro de ese grupo y trasladar sus disposiciones a la sección de “derechos de protección”. Según Pozo, la medida no implica una regresión de derechos, sino una “reorganización” para evitar distorsiones en la aplicación de justicia.
El asambleísta oficialista Andrés Castillo argumentó que el estatus actual permite que abogados de personas consideradas de alta peligrosidad soliciten beneficios y medidas alternativas basándose en la categoría de atención prioritaria. La reforma busca cerrar ese margen legal.
Con cuatro artículos en total, la propuesta ya fue ingresada a la Secretaría de la Asamblea y deberá pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación, antes de ser enviada a la Corte Constitucional (CC), que determinará su procedencia.
