Loja.- (Lindon Sanmartín Rodríguez).- Loja.- El debate sobre el incremento del pasaje urbano en la ciudad de Loja continúa generando controversia jurídica y política dentro del Municipio y el Cabildo cantonal, luego de que se observaran inconsistencias en la tramitación de la ordenanza relacionada con el sistema integrado de transporte urbano SITU.
Durante el programa Expresión Política, transmitido por la alianza informativa Diario La Hora, S. R. Radio y Radio Planeta 106.1, los periodistas Pablo Sanmartín Rodríguez y Lindon Sanmartín Rodríguez cuestionaron la legalidad del procedimiento utilizado para aprobar la normativa.
Según el análisis realizado en el programa Expresión Polìtika, existirían contradicciones entre los documentos debatidos por los concejales, ya que en ciertos textos se habla de una reforma a la ordenanza vigente y en otros de una nueva ordenanza integral del sistema de transporte urbano.
Los periodistas sostienen que el proceso legislativo municipal “nació viciado” y advirtieron que podrían existir observaciones jurídicas posteriores debido a inconsistencias en la formación normativa.
Un Veto que Revela Profundas Irregularidades
La decisión de la alcaldesa Diana Carolina Guayanay Llanes de observar totalmente la Ordenanza que regula la operación del SITU, es un acto que, si bien necesario, expone las profundas fallas en el proceso legislativo municipal.
La alcaldesa, en ejercicio de sus facultades y basándose en informes de la Secretaría General y la Procuraduría Síndica, ha señalado que se violentó el trámite legal para la formación de ordenanzas. Esto no es un detalle menor; es la base misma de la seguridad jurídica de nuestro cantón.
Desde Expresión Política, hemos advertido desde el inicio la nulidad absoluta de este documento. La confusión entre un «proyecto de reforma» y una «ordenanza nueva», la falta de claridad sobre qué se debatía realmente y la ausencia de una ruta de seguridad para la discusión de temas tan esenciales, son solo algunas de las anomalías que hemos denunciado.
¿Cómo es posible que los concejales no advirtieran estas inconsistencias? ¿Qué documentos reales se discutieron y aprobaron? La propia alcaldesa, al usar la palabra «decisión» en su memorándum, parece reconocer la naturaleza «dudosa» de lo que se aprobó.
El Costo del Pasaje y la Inducción al Error
El debate sobre el costo del pasaje urbano, que se pretendía elevar a 36 centavos, es el epicentro de esta controversia. Marcos Quispe, representante de los barrios de la Campiña Lojana, ha sido una voz fundamental en alertar sobre la falta de un procedimiento jurídico adecuado para la valorización de una nueva tarifa. No se siguieron los lineamientos técnicos ni los estudios que la ley exige, dejando a la ciudadanía en una posición vulnerable.
Más grave aún es la disposición final de la ordenanza que, según el documento que obra en nuestras manos, establecía su entrada en vigencia a partir de la fecha de aprobación y sanción, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.
Esto, como bien se ha señalado, podría inducir a error a los transportistas, quienes, ante la falta de claridad y la posterior observación de la alcaldesa, se encuentran en un limbo legal.
La Responsabilidad de los concejales y el Fantasma del Prevaricato
La secretaria del Cabildo, Gisela Domínguez Lavanda, en un memorándum contundente, ha dejado claro que la responsabilidad política, jurídica y administrativa recae exclusivamente en quienes debatieron y votaron favorablemente la normativa.
Su informe subraya que cualquier omisión o irregularidad debió ser advertida y resuelta durante los debates. En otras palabras, la secretaria se desmarca de la responsabilidad, señalando directamente a los concejales.
Esto nos lleva a una reflexión preocupante: ¿están los concejales, muchos de ellos abogados, conscientes de la magnitud de sus acciones?
El concejal Pablo Carrión, en su intervención, ya hablaba de una «fallida decisión» y cuestionaba la capacidad del consorcio de transportistas para actuar como autoridad máxima.
La figura del prevaricato, que implica mentir o no estudiar correctamente la normativa, recorre los pasillos del municipio. No es solo una cuestión de destitución, sino de posibles responsabilidades civiles y penales.
Llamado a la Reflexión
Loja necesita leyes, ordenanzas, que se ajusten a su realidad y que tengan una visión de prosperidad. Sin embargo, lo que hemos visto es un «empantanamiento jurídico» que daña la credibilidad de nuestras instituciones.
Es imperativo que el Cabildo se cure en sano, que se respete el marco constitucional y legal, y que la participación ciudadana sea efectiva.
Como ciudadanos y contribuyentes, no podemos permitir que se sigan aprobando «mamotretos jurídicos» que, como la contribución especial de mejoras o el interés de mora, terminan afectando directamente nuestros bolsillos.
Es hora de que el poder legislativo cantonal funcione como un verdadero parlamento, con independencia del ejecutivo, y que la tercera función de participación ciudadana y control social, a través de los directorios barriales, asuma su rol protagónico.
La situación actual del SITU es un claro ejemplo de cómo la falta de rigor y la ligereza en el proceso legislativo pueden generar caos y perjuicio.
Es un llamado de atención para que nuestros representantes actúen con la seriedad y la responsabilidad que sus cargos exigen, velando siempre por el bienestar de la ciudadanía lojana.
