Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- Con 80 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el texto final de la Reforma de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Esta normativa, que ahora pasa a manos del Ejecutivo para su sanción o veto, busca fortalecer la planificación urbana y dotar de herramientas técnicas a los gobiernos locales.
La legisladora Lucía Pozo, ponente del proyecto, destacó que la reforma clarifica el derecho a edificar, definiéndolo como la facultad técnica de construir según las normas urbanísticas de cada municipio. Además, se establece un plazo de un año para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) actualicen sus ordenanzas a este nuevo marco legal.
Desmitificación y autonomía local
Durante el debate, se aclaró un punto crítico sobre las competencias sancionatorias. Pozo fue enfática al desmentir rumores sobre posibles destituciones de alcaldes por parte de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT).
«Es falso que esta normativa faculte la destitución de autoridades locales; el espíritu de la ley es técnico y de acompañamiento, no de persecución política», subrayó la legisladora.
La elaboración de esta Reforma de la Ley de Ordenamiento Territorial contó con la participación de organismos clave como AME, Congope y Conagopare, asegurando un consenso entre los distintos niveles de gobierno.
Ejes estratégicos de la nueva normativa
La reforma introduce cambios estructurales diseñados para mejorar la operatividad de las ciudades:
Planes Parciales: Se refuerza su obligatoriedad para un crecimiento ordenado.
Responsabilidad Técnica: Se regula la responsabilidad ulterior en consultorías y procesos de construcción.
Sistema Nacional de Catastro: Se incorporan disposiciones para estructurar un sistema integrado de información territorial.
Régimen Sancionatorio: Se reestructuran las multas para dotarlas de mayor capacidad disuasiva ante infracciones urbanísticas.
Próximos pasos
El documento final ha sido remitido al presidente Daniel Noboa Azín. El Ejecutivo tendrá 30 días para presentar sus observaciones o proceder a la publicación oficial.
Una vez en vigencia, la Reforma de la Ley de Ordenamiento Territorial se convertirá en el pilar para la modernización del catastro y la asistencia técnica en municipios con menores capacidades operativas, garantizando un desarrollo equitativo en todo el territorio nacional.
