Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional avanzó este lunes, 2 de febrero, en el proceso de seguimiento y fiscalización integral a las entidades municipales responsables de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, ante las presuntas irregularidades en la emisión de matrículas vehiculares que estarían vinculadas a grupos de delincuencia organizada.
El proceso se desarrolla en cumplimiento de la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea, el 2 de diciembre de 2025, y contó con la comparecencia del ministro del Interior, John Reinberg, así como de representantes de la Policía Nacional, quienes expusieron información relevante sobre la situación detectada en varios cantones del país.
Durante su intervención, el titular del Ministerio del Interior explicó que se ejecuta un proceso de intervención excepcional, temporal y subsidiaria a las empresas municipales de tránsito de los cantones Manta y Durán, luego de que se declarara la emergencia en estas entidades descentralizadas. Esta medida ha permitido que el Estado recupere el control de la competencia de tránsito y transporte terrestre.
Reinberg señaló que, como parte de esta intervención, se realizó un diagnóstico integral para identificar errores administrativos y operativos, y recalcó que la medida se mantendrá por el tiempo estrictamente necesario. En ese contexto, advirtió que “la descentralización no puede ser una excusa para justificar actuaciones indebidas en el ejercicio de las competencias”.
Por su parte, el general Cristian Barreiro, en representación de la Policía Nacional, expuso los cambios registrados desde 2008 en el manejo de las competencias de tránsito, transporte y seguridad vial en el país. Indicó que las investigaciones policiales permitieron detectar irregularidades graves, como el otorgamiento de matrículas vehiculares y licencias fraudulentas, la venta ilegal de especies, la legalización de vehículos robados y la eliminación indebida de multas.
Barreiro detalló que, si bien la capacidad operativa regular permitiría la emisión de hasta 60 matrículas diarias, en algunos casos se ha registrado la entrega de hasta 300 matrículas por día, muchas de ellas sin cumplir con el requisito previo de la revisión técnica vehicular.
Ante este escenario, el alto mando policial formuló un llamado a la Asamblea Nacional para que se impulsen reformas urgentes a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de cerrar vacíos legales y fortalecer los mecanismos de control sobre las competencias municipales.
El proceso de fiscalización continuará en las próximas semanas, mientras la Comisión evalúa la información recopilada y define posibles responsabilidades políticas y administrativas.
