Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).-Expertos en tecnología, telecomunicaciones y seguridad plantean fortalecer la tecnología y la protección de datos en los sistemas de seguridad del país. Las recomendaciones fueron presentadas ante la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, durante el análisis de dos proyectos de ley relacionados con telecomunicaciones y videovigilancia.
Durante la sesión participaron especialistas en telecomunicaciones, tecnología, innovación y seguridad, quienes plantearon recomendaciones para mejorar el uso estratégico de las herramientas tecnológicas frente al crimen organizado.
La experta en telecomunicaciones Vianna Maino destacó la necesidad de reforzar la ciberseguridad, la gobernanza y la gestión de la información, además de proteger la cadena de suministro tecnológico.
Sobre los sistemas de videovigilancia, Maino recomendó una implementación progresiva que comience con un inventario de las cámaras existentes, para determinar sus capacidades, necesidades y prioridades de inversión.
Por su parte, el especialista en tecnología e innovación Luis Núñez advirtió que las organizaciones criminales también utilizan nuevas tecnologías para evadir los sistemas de vigilancia y comunicación.
Ante este escenario, planteó evaluar permanentemente las herramientas implementadas y mejorar la coordinación entre instituciones mediante mesas técnicas especializadas, especialmente para monitorear las tecnologías utilizadas en los centros de privación de libertad.
Protección de datos y evaluación de resultados
Patricio Rivas, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, sostuvo que la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia integral que incluya aspectos policiales, tecnológicos y geopolíticos.
También propuso establecer metodologías para medir el impacto y la calidad de la información obtenida mediante los sistemas de vigilancia, así como fortalecer los mecanismos para proteger y gestionar los datos.
Los especialistas recomendaron revisar experiencias de países como Francia, Canadá, México, Brasil y Chile, con el objetivo de incorporar buenas prácticas en videovigilancia, seguimiento tecnológico y protección de información.
Las recomendaciones serán analizadas por la Comisión de Seguridad Integral durante la elaboración del informe para primer debate. El objetivo es fortalecer los proyectos de ley y establecer herramientas tecnológicas eficaces y sostenibles para enfrentar al crimen organizado, sin descuidar la protección de los derechos y de la información.
