La Casa Blanca sugirió este lunes que Estados Unidos ejecutó un segundo ataque contra dos supervivientes del bombardeo realizado el 2 de septiembre contra una presunta narcolancha en aguas del Caribe, aunque defendió la legalidad de la operación y eximió de cualquier responsabilidad al secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El anuncio se produjo en medio de la creciente presión del Congreso, que se prepara para investigar si el operativo pudo constituir un crimen de guerra.
La portavoz Karoline Leavitt aseguró que Hegseth no dio la orden directa y calificó como “verdadera” la afirmación de que actuó dentro del marco legal. Durante la rueda de prensa, leyó un comunicado en el que la Administración sostiene que el ataque se realizó en aguas internacionales y bajo las normas de los conflictos armados.
Añadió que Hegseth autorizó al almirante Frank Bradley, entonces comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto, a ejecutar los ataques cinéticos.
La información surge tras un reportaje de The Washington Post que, citando a funcionarios anónimos, indicó que tras el primer bombardeo —en el que murieron 11 ocupantes de la embarcación— se habría llevado a cabo un segundo ataque para eliminar a los dos sobrevivientes. Leavitt rechazó la veracidad de esa versión, aunque evitó responder qué marco legal permitiría no dejar supervivientes.
La portavoz reiteró que la operación se enmarca en la designación de grupos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras, lo que según la Administración habilita ataques letales contra embarcaciones que trafican drogas hacia Estados Unidos. Entre tanto, varios comités del Congreso intensificaron su supervisión, solicitando información adicional y preparando nuevas revisiones del caso en los próximos días.
