Quito.- Con el anunció de la prueba, comprendida en 115 testimonios e igual número de elementos documentales –como informes periciales y técnicos-, la fiscal especializada en Violencia de Género de Pichincha, Mayra Soria, solicitó que el procesado, Jonathan C., sea llamado a juicio por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de la joven Juliana Campoverde.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se desarrolló ante la jueza de Garantías Penales Yadira Proaño Obando. En los próximos días, la magistrada notificará a las partes procesales la reinstalación de la misma para anunciar su resolución, puesto que debe revisar los elementos de convicción recabados por la Fiscalía, que constan a lo largo de 131 cuerpos procesales (13.100 fojas).
La diligencia duró 12 horas y se instaló el 1 de abril de 2019, en el Complejo Judicial Norte. Asistieron las partes procesales, familiares y amigos de la víctima, integrantes de organizaciones sociales de defensa a las mujeres y víctimas de desaparición.
En la audiencia estuvo presente –a través de video conferencia- el procesado, Jonathan C, quien otrora fue el pastor de jóvenes de la iglesia Oasis de Esperanza, templo al que asistió Juliana por una década.
El desarrollo de la audiencia
Los elementos anunciados como prueba por la Fiscalía apuntan a que Jonathan C. sería el autor del secuestro extorsivo con muerte de Juliana C. Uno de ellos fue la información presentada por el procesado a finales del 2018, donde afirma que se llevó a la joven (la mañana del 7 de julio de 2012) hasta un autohotel para accederla carnalmente; horas más tarde ella murió en manos de Jonathan C., quien arrojó el cuerpo sin vida en la quebrada de Bellavista.
También incluyeron las versiones de testigos (círculo familiar de la víctima) que contaron la búsqueda que emprendieron luego de su desaparición y los mensajes de despedida que recibieron supuestamente de la víctima, tanto telefónicos como en redes sociales, el contenido de este último alertó a la familia de la víctima la hermana del procesado.
Asimismo, la Fiscalía dejó constancia de cómo fueron cambiando los hechos relatados por Jonathan C., en 8 versiones entregadas libre y voluntariamente a lo largo de la investigación, respecto a las circunstancias que rodearon lo sucedido el 7 de julio de 2012.
Entre estos cambios en la versión está el supuesto permiso que pidió para romper el “sigilo de confesión” y develar -23 días después de la desaparición de la víctima- que Juliana se había presentado en su lugar de trabajo el 9 de julio de 2012, para pedirle prestada su computadora y pedirle reserva por el “sigilo de confesión”.
Pero de este supuesto encuentro en las instalaciones laborales del procesado, los elementos levantados por la Fiscalía -como testimonios de compañeros de trabajo, bitácora de entrada y salida de visitas y cámaras de seguridad-, no registran que Juliana haya acudido a esa institución. Además, algunos de los elementos presentados, aseguran que el sigilo de confesión no es practicado por esta orden religiosa evangélica.
Los relatos anunciados como elementos probatorios también dieron cuenta de tres circunstancias: la primera es la insistencia de la familia del procesado en negar cualquier vínculo de amistad con la familia de la víctima, pese a que eran los pastores de la iglesia a la que Juliana y su círculo familiar asistieron por 10 años.
La segunda develó la intromisión de Jonathan C., de su hermano Israel C. y de su padre Patricio C., pastor principal de la iglesia Oasis de Esperanza, en asuntos familiares y laborales, -más allá de las puertas del templo religioso.
Y por último, se evidenció la manipulación a la que sometieron a Juliana, -una joven de 18 años cuando la desaparecieron-, para que contraiga matrimonio con Israel C., hermano menor del procesado. Una de las vías para lograr este cometido fue la creación de un perfil falso de un psicólogo pastor de nombre Juan Solano, pero que en realidad era una cuenta manejada por Jonathan C., abierta en diciembre del 2010 y cerrada en julio del 2011.
Frente a la carga probatoria, los abogados defensores solicitaron el sobreseimiento del proceso, alegando que no se puede demostrar el delito por el que se pidió llamamiento a juicio.
En tanto la acusación particular planteó un concurso real de infracciones: plagio, violación y asesinato. Este es el contexto en el que la jueza de la causa deberá decidir si llama a juzgamiento o dicta el sobreseimiento al procesado.
La investigación en números
La Fiscalía práctico más de 1.242 diligencias durante el proceso de investigación, de estas 592 fueron ordenadas por la fiscal que lleva el caso desde finales del 2017, Mayra Soria.
El total de diligencias contiene 47 delegaciones a agente investigador; 30 autorizaciones judiciales, 276 versiones, 139 pericias; 9 reconstrucciones de los hechos; 5 allanamientos; 695 diligencias varias; y, 37 búsquedas, 20 de las cuales se instalaron en la quebrada de Bellavista, tras la versión libre y voluntaria que dio el procesado.
Datos:
De este expediente se derivaron una investigación previa por enriquecimiento privado no justificado, seguida en la FEDOTI 7 de Pichincha, en contra de Jonathan C. y de sus familiares Patricio C., Israel C., Andrea R., padre, hermano y esposa, respectivamente.
También se inició acto administrativo por las osamentas encontradas en la quebrada de Bellavista, en las diligencias de búsqueda de finales del 2018.
