Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El secretario jurídico de la Presidencia, Dr. Enrique Herrería, cuestionó la sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador sobre el caso Las Malvinas, que responsabiliza al Estado por la desaparición forzada y muerte de cuatro menores en Guayaquil.
El funcionario señaló que la decisión judicial presenta posibles “falencias en el orden constitucional y procesal”, por lo que advirtió que podría ser revisada en el futuro.
Cuestionamientos al fallo constitucional
Herrería confirmó que la sentencia ya se encuentra vigente, aunque explicó que existe un plazo de tres días para solicitar una ampliación o aclaración del fallo. Una vez cumplido ese proceso, se procederá con su ejecutoria.
El secretario jurídico indicó que la resolución establece el pago de indemnizaciones a cada una de las familias de los menores, además de otras medidas de reparación integral que deberán cumplirse de manera inmediata.
“Se condena al pago de valores a cada una de las familias de los niños y tiene que cumplirse de inmediato”, afirmó el funcionario.
Sin embargo, reiteró su preocupación por el alcance de la decisión judicial.
“A mí me abordan preocupaciones de que la Corte ha actuado fuera de las competencias que tenía y, por lo tanto, no sería nada raro que una nueva conformación de la Corte a futuro dé paso a que esto sea revisado”, manifestó.
La sentencia por el caso Las Malvinas
La Corte Constitucional del Ecuador determinó que los cuatro menores del denominado caso Las Malvinas fueron víctimas de desaparición forzada y responsabilizó al Estado ecuatoriano por lo ocurrido.
Entre las medidas dispuestas por el tribunal se incluyen la reparación integral a las familias, el pago de indemnizaciones y la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas por parte del Estado.
Los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías desaparecieron en diciembre de 2024 luego de ser detenidos por patrullas militares en la ciudad de Guayaquil.
En su sentencia, la Corte concluyó que los menores “fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares”, y que el Estado no proporcionó información inmediata, satisfactoria ni convincente sobre su detención ni sobre su paradero.
