Quito.- La jueza nacional Daniella Camacho acogió el pedido de Fiscalía y llamó a juicio a 21 de los 24 procesados por el presunto delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016, entre ellos en expresidente Rafael R., el exvicepresidente Jorge G., los exministros María de los Ángeles D. y Walter S. y el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis M.
Para María E., José V. y Cai R. dictó auto de sobreseimiento al no encontrar elementos necesarios que hagan presumir su participación en el hecho investigado.
Asimismo, ratificó las medidas cautelares para todos los llamados a juicio y revocar todas las que pesaban sobre los tres ciudadanos sobreseídos.
Caso #Sobornos, jueza Daniela Camacho acoge la mayoría de los elementos de convicción presentados por Fiscal @DianaSalazarM2 rechaza mayoría de impugnaciones hechas por los defensores de involucrados y está próxima a llamar a juicio por #Cohecho a la mayoría de investigados pic.twitter.com/pffpylMHAf
— srradio (@srradioEc) 3 de enero de 2020
En la reanudación de la audiencia, la Magistrada, durante más de 9 horas, hizo un exhaustivo análisis para emitir una decisión motivada y señaló que los hechos relatados constituyen una actividad criminal grave y compleja.
Durante los once días que duró la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía General del Estado presentó 837 elementos de convicción que fueron recabados durante la instrucción fiscal y que fueron sustentados durante la diligencia. A ellos se sumaron los argumentos presentados por la Procuraduría General del Estado, en su calidad de acusador particular.
La jueza Daniella Camacho llama a juicio por cohecho dentro del caso Sobornos a 21 de los 24 procesados, entre ellos, los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas; el exsecretario Jurídico Alexis Mera, los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte y Walter Solis. pic.twitter.com/vMwGPJ23PZ
— srradio (@srradioEc) 4 de enero de 2020
La investigación determinó la presunta existencia de una estructura integrada por funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico, que facilitaron la entrega de recursos a través de dos modalidades (cruce de facturas y dinero en efectivo) por parte de empresarios, para beneficiarse de contratos con el Estado. Estas adjudicaciones se efectuaban a través de cartas de invitación directa y convenios de pagos.
Con base en las pericias solicitadas por la Fiscalía, los sobornos realizados durante este periodo llegarían a 7’791.588 dólares.
Dato jurídico
El Art. 280 define al cohecho como “las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”.
