Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional recibió este lunes 26 de enero las observaciones al proyecto de Ley Orgánica que Regula el Apoyo Complementario y Subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, durante una sesión en la que participaron delegados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El CNI, órgano administrativo adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es el encargado de coordinar el sistema de investigación e información estratégica para preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado.
Durante su intervención, Pablo Fonseca Cisneros, en representación del CNI, subrayó la necesidad de incorporar precisiones técnicas al articulado del proyecto de ley, con el fin de evitar interpretaciones erróneas o ambiguas en su aplicación.
Entre las observaciones planteadas, señaló que debe especificarse con claridad que el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en el control del sistema penitenciario se active únicamente en casos de grave conmoción interna, precisando además el alcance y definición de dicho concepto.
Asimismo, sugirió ampliar el listado de sujetos obligados en el ámbito de la ley, incorporando a instituciones que mantienen una relación directa con la seguridad pública, como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior.
Análisis del informe de Fiscalía
En otro punto del orden del día, la comisión avocó conocimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional mediante la cual se le encarga el análisis del informe de labores presentado por la Fiscalía General del Estado, correspondiente al período enero–diciembre de 2025.
La asambleísta Inés Alarcón Bueno, presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, dispuso que la Secretaría convoque al fiscal general encargado, Carlos Alarcón, para que amplíe y detalle las acciones administrativas y procesales desarrolladas por la institución durante el año 2025.
El análisis de estos insumos legislativos forma parte del trabajo de fiscalización y fortalecimiento del marco normativo en materia de seguridad y justicia en el país.
