Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Comisión de Fiscalización y Control Político aprobó, con seis votos afirmativos, un informe que alerta sobre la existencia de redes criminales infiltradas en el sistema de matriculación vehicular del país, y recomendó reformas urgentes al marco legal vigente.
El documento, que será remitido a la Asamblea Nacional del Ecuador, plantea modificar la Ley de Tránsito y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de corregir las falencias estructurales detectadas en la gestión del sistema.
Según las conclusiones del informe, las presuntas emisiones ilegales de matrículas no responden a fallas informáticas aisladas, sino a un problema de gobernanza multicausal. Entre los factores identificados constan la falta de control y reporte por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, así como la ausencia de una rectoría estratégica sostenida en años anteriores, lo que habría facilitado la operación de estructuras delictivas.
En este contexto, la Comisión exhortó al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) y a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a implementar protocolos de seguridad de alto nivel —incluso de estándar militar— para proteger las bases de datos del sistema de tránsito.
Además, el informe recomienda la adopción de un modelo integral de gobernanza tecnológica que contemple la centralización del control de accesos, auditorías permanentes y el uso obligatorio de firma electrónica en cada operación de registro o modificación de datos.
El informe será conocido por el Pleno legislativo en próximas sesiones, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la vulnerabilidad institucional frente al crimen organizado en áreas clave de la administración pública.
