Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- Con ocho votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación, una iniciativa orientada a mejorar la competitividad del país y promover el empleo juvenil formal.
La presidenta de la Comisión, la asambleísta Valentina Centeno, destacó que el informe es el resultado de un amplio proceso de construcción técnica y participativa, que incluyó 26 comparecencias y 13 sesiones de trabajo. En estas jornadas participaron representantes de instituciones públicas, la academia, institutos técnicos, universidades y actores del sector productivo.
Centeno señaló que el eje central del proyecto es el fortalecimiento de la educación técnica, tecnológica y de la formación dual, bajo el enfoque de “aprender haciendo”, como una herramienta clave para incrementar la productividad y generar oportunidades de empleo adecuado para los jóvenes.
El informe introduce definiciones claras sobre la formación dual, establece la figura de las entidades receptoras formadoras —principalmente empresas— y reconoce los aprendizajes previos adquiridos por los estudiantes. Entre sus principales innovaciones se incluyen la homologación del bachillerato técnico, cursos y certificaciones por competencias hacia carreras de nivel superior, así como la validación de la experiencia profesional para el acceso a carreras técnicas, tecnológicas y duales.
Asimismo, la propuesta normativa contempla la creación de un comité público-privado y de 24 clústeres académico-productivos a nivel nacional. Estos espacios articularán al Estado, las instituciones de educación superior y el sector empresarial, con el objetivo de alinear la oferta educativa a las necesidades productivas específicas de cada provincia.
La ley también impulsa la implementación de un Registro Nacional de Formación Dual, la contratación de seguros contra accidentes para los estudiantes y el acceso a líneas de crédito preferencial para los institutos que adopten este modelo educativo.
El informe incorpora, además, incentivos para docentes, acciones afirmativas de inclusión dirigidas a mujeres, personas con discapacidad, jóvenes de zonas rurales y grupos en situación de vulnerabilidad, y refuerza el principio de gratuidad de la educación, ampliándolo a una segunda carrera dentro de una trayectoria tecnológica sucesiva en instituciones públicas.
Finalmente, la Comisión estableció plazos concretos para la reglamentación y aplicación de la ley, con el fin de garantizar su implementación efectiva. El informe aprobado será remitido al presidente de la Asamblea Nacional para su difusión, debate y eventual aprobación en el Pleno del Parlamento.
