Quito.- (Lindon Sanmartín Rodríguez. S. R. Radio).- La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió este miércoles, 21 de enero, observaciones técnicas de la Procuraduría General del Estado y de un experto en derecho constitucional, como parte del análisis del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, iniciativa orientada a fortalecer la justicia constitucional y reducir la inseguridad jurídica.
La propuesta normativa busca, entre otros aspectos, limitar el abuso de las garantías constitucionales, especializar la justicia constitucional y establecer reglas más claras para su aplicación, con el objetivo de preservar su naturaleza excepcional y garantizar el equilibrio institucional.
Durante la sesión, Rafaella Uzcátegui Pacheco, directora nacional de Consultoría de la Procuraduría General del Estado, presentó varias sugerencias para perfeccionar el texto legal. Entre ellas, planteó incorporar la figura de la formalidad condicionada en el ejercicio de acciones constitucionales, especialmente en el caso de entidades que no cuentan con personería jurídica, a fin de que no sea necesaria una delegación expresa de la Procuraduría para comparecer en estos procesos.
Asimismo, recomendó definir con mayor precisión el concepto de abuso del derecho y diferenciarlo de la declaratoria jurisdiccional previa. También sugirió establecer claramente la distinción entre inadmisión e improcedencia, al tratarse de decisiones que se adoptan en momentos procesales distintos dentro de una acción constitucional.
Por su parte, Emilio Suárez Salazar, experto en materia constitucional, abordó aspectos relacionados con la competencia territorial en acciones constitucionales, como el habeas corpus. Señaló que, aunque la norma dispone que la acción se presente en el domicilio de la víctima, es necesario regular los casos en los que la demanda es interpuesta por una pluralidad de legitimados.
En cuanto a la declaratoria de incompetencia por razón del territorio, Suárez propuso que la ley determine con claridad hasta qué etapa procesal puede ser planteada, con el fin de evitar dilaciones indebidas y conflictos de competencia.
El experto también enfatizó la necesidad de legislar de forma expresa sobre el abuso del derecho, la desnaturalización de las garantías constitucionales, el prevaricato y el incumplimiento de las sentencias reparatorias. Adicionalmente, advirtió sobre los riesgos del dictamen tácito en las propuestas de consulta popular, que se configura cuando la Corte Constitucional no se pronuncia en el plazo de 20 días, situación que, a su criterio, podría afectar el normal funcionamiento del régimen democrático.
La Comisión continuará recabando aportes técnicos y jurídicos antes de avanzar en el tratamiento del proyecto de reformas, con el objetivo de construir una normativa que garantice seguridad jurídica, respeto a los derechos constitucionales y un adecuado funcionamiento del sistema de justicia.
