Quito (Pichincha).- Medio centenar de personas de las comunidades de Íntag, cercanas al proyecto minero Llurimagua (provincia de Imbabura) entregaron esta mañana al ministro de Recursos Naturales No Renovables, Pedro Merizalde, las Resoluciones de la Asamblea de Comunidades de la parroquias de García Moreno y Peñaherrera, celebrada el 26 de abril del presente.
Durante el acto de entrega formal, Gissela Morales presidenta de la parroquia García Moreno y Margarita Espín, presidenta electa de la parroquia Peñaherrera; y delegaciones de dirigentes locales, ratificaron su respaldo al desarrollo del proyecto minero Llurimagua, a cargo de la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP. “Han pasado 18 años y la zona de Íntag sigue igual. No tenemos salud, educación y vivienda digna. Es importante que ustedes sepan de la realidad de Íntag. No queremos que ONG´s internacionales sigan hablando, buscamos un desarrollo sustentable” afirmó Margarita Espín.
Esta posición fue confirmada por Shisela Morales, quien indicó que la población está unida al tiempo que rechazó la manipulación de los grupos opuestos a la socialización del proyecto y al inicio del Estudio de Impacto Ambiental. “El proyecto está en su fase inicial y Junín no ha sido topado, esa es la realidad” expresó.
El Ministro Pedro Merizalde informó que “este Gobierno es el único que ha reconocido históricamente los derechos y mejora de las condiciones de vida de las comunidades y poblaciones vecinas a los proyectos estratégicos, como los mineros y petroleros”. Agradeció el respaldo de las comunidades de la zona para impulsar el desarrollo minero en Íntag y desvirtuó que el Estudio de Impacto Ambiental ocasione afectación al entorno natural.
“Actualmente en el país, se realizan 28 proyectos de desarrollo de oro, plata, cobre, hierro y calizas, en cinco provincias. De estos, 14 son privados y 14 están a cargo de la ENAMI EP, dentro de los cuales se encuentra el proyecto Llurimagua. Adicional existen aproximadamente 1.400 proyectos de pequeña minería en todo el país”.
“Esta actividad, más allá de evidenciar la relación armónica con las comunidades, le ha significado al Estado en el 2013, un ingreso de 14 millones de dólares por regalías y patentes”, afirmó el ministro Merizalde. Citó también que el año anterior, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) realizó 116 operativos de control a nivel nacional.
El titular de esta Cartera dijo que la minería en el Ecuador no es una actividad nueva. A la fecha existen aproximadamente 3.400 labores mineras artesanales en todo el país. “Con la presencia del Estado se garantiza el cumplimiento de los derechos de la población. En ningún momento hemos pretendido, ni pretendemos desarrollar una actividad a espaldas de las comunidades, como se ha tergiversado ante la opinión pública”, dijo el Ministro.
Indicó además, que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) buscará identificar el ámbito de acción para el desarrollo minero en la zona.
De su parte, la ministra del Ambiente, Lorena Tapia enfatizó que el estudio ambiental se cumplirá bajo los más estrictos controles y procesos ambientales, y con el seguimiento en cada una de las acciones previstas a realizarse.
“Es de fundamental importancia que la ciudadanía y la comunidad sepan que la toma de muestras son fundamentales para levantar la Línea de Base, esto es un factor positivo que determinara la condiciones previas del ejercicio de una actividad. Las muestras que se recogerán son muestras de agua, suelo, aire”, enfatizó la ministra Tapia.
En el acto de entrega de las resoluciones de las Comunidades de Íntag también estuvieron presentes el Gobernador de Imbabura, Wilmer Taboada, el Secretario Nacional del Agua, Walter Solís y el Gerente General encargado de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, Jorge Mendieta. /Enami
