Quito.- (Andes).- Luego de la incautación de varios documentos del archivo de la Dirección Nacional de Policía Judicial (PJ) y de la dirección de Pichincha de esta dependencia policial, la Fiscalía encontró información que comprueba que existió entre 1984 y 1988 una unidad clandestina a la cual se le atribuyen torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, entre otras.
El Ministerio Público incautó varios documentos en febrero del 2013 que comprueban la existencia de la unidad SIC-10, perteneciente al Servicio de Investigación Criminal (SIC) constituido durante el gobierno socialcristiano de León Febres Cordero (+), de tendencia de ultraderecha, con el fin de combatir a los movimientos subversivos en Ecuador.
A pesar de que la existencia de esta unidad fue negada por círculos policiales y políticos, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, informó que fueron encontrados documentos originales con los nombres de los oficiales asignados a esta unidad, así como detalles de investigaciones y operativos que vulneraron derechos humanos.
El fiscal Chiriboga manifestó que esta nueva información permitirá tener más indicios acerca de los 138 casos de atentados a los derechos humanos evidenciados por la Comisión de la Verdad, a fin de que puedan ser judicializados y no queden en la impunidad.
El funcionario dijo además que en la información hallada se pudo constatar que en varios operativos participaron miembros policiales con efectivos de las Fuerzas Armadas y aseguró que las evidencias recogidas se encuentran ya en cadena de custodia. Señaló además que de los 138 casos investigados por la Comisión de la Verdad, dos ya han sido judicializados y que este año se espera que otros casos lleguen a los tribunales, aunque no especificó cuántos ni cuáles.
El grupo SIC-10 fue constituido con agentes de varias brigadas del SIC-Pichincha. El 28 de septiembre de 1985, la institución policial formalizó a esta unidad secreta bajo el nombre de Unidad de Inteligencia Antisubversiva (UIAS) y un año después cambió su nombre por Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).
Entre los presuntos crímenes que se le atribuyen al SIC están la desaparición forzada de Santiago y Andrés Restrepo, cuyos cuerpos aún no han sido encontrados a pesar de los múltiples esfuerzos por hallarlos. Además, la ejecución de la maestra Consuelo Benavidez (1985) y la desaparición, tortura y asesinato de muchos ciudadanos, sospechosos de pertenecer al grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC).
