Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Pleno del Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia presentada por el juez anticorrupción Carlos Serrano, durante la sesión extraordinaria N.º 028-2026 realizada el 7 de marzo de 2026.
La resolución fue aprobada con el voto favorable de los vocales Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Fabián Fabara y del presidente Damián Larco.
Durante la sesión, el Pleno conoció informes técnicos que confirmaron que el juez Serrano no mantiene procesos pendientes en los que deba emitir decisiones orales ni sentencias escritas.
Asimismo, se informó que no registra procesos disciplinarios en trámite dentro del sistema judicial.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Damián Larco, lamentó la decisión del magistrado y explicó que la institución había realizado gestiones para que continuara en el cargo.
Según señaló, la entidad ofreció medidas de seguridad adicionales para garantizar el ejercicio de su labor jurisdiccional. Sin embargo, el juez decidió apartarse del cargo por motivos personales y nuevos objetivos profesionales.
Larco también señaló que la renuncia se produce en un contexto complejo para la Función Judicial, marcado por amenazas recibidas por el magistrado durante el ejercicio de sus funciones.
“Ningún juez, ningún fiscal ni servidor judicial puede desempeñar su labor bajo intimidación o amenazas de quienes intentan interferir en la administración de justicia”, afirmó.
Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura anunció que continuará trabajando con instituciones competentes para fortalecer los mecanismos de protección y seguridad de los operadores de justicia.
“El respaldo institucional estará garantizado para los jueces que actúen con integridad y conforme a la ley”, señaló Larco.
Por su parte, la vocal Magaly Ruiz sostuvo que el sistema judicial enfrenta el reto de construir una justicia más transparente, humana y confiable para la ciudadanía.
Tras generarse la vacante, el Pleno dispuso a la Dirección Provincial de Pichincha realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio judicial en las dependencias anticorrupción.
Las autoridades indicaron que el objetivo es evitar afectaciones en la atención de procesos relacionados con delitos de corrupción.
