Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La Contraloría General del Estado determinó una glosa de USD 11,6 millones contra 68 funcionarios de 13 hospitales del Ministerio de Salud Pública tras detectar irregularidades en procesos de adquisición, almacenamiento y control de medicamentos y dispositivos médicos.
La información fue difundida este miércoles 27 de mayo de 2026 como resultado de un examen especial ejecutado en 2023, que analizó contratos realizados entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.
La auditoría se enfocó en compras destinadas a pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, dentro de hospitales públicos que actualmente enfrentan problemas de abastecimiento y crisis administrativa.
Entre las casas de salud auditadas constan el Hospital Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Pediátrico Francisco Icaza Bustamante, Gilbert Pontón, General Isidro Ayora, Vicente Corral Moscoso, General Alfredo Noboa Montenegro y otros hospitales provinciales del país.
Según el informe de la Contraloría, se detectaron diferencias entre las cantidades de medicamentos entregadas a pacientes y los registros existentes en bodegas generales y farmacias hospitalarias.
“No se mantuvo un control riguroso de los ingresos y egresos en las bodegas, sin verificar la distribución, destino y uso de fármacos”, señaló el organismo de control.
Las inconsistencias observadas representarían un perjuicio superior a USD 11 millones.
Además, la auditoría reveló que no se verificaron adecuadamente las especificaciones técnicas de los productos al momento de la recepción, permitiendo el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados.
La Contraloría indicó que estas irregularidades afectaron directamente a pacientes con VIH, debido a la falta de pruebas de hepatitis B, y provocaron desabastecimiento de medicamentos esenciales para personas con hemofilia.
El informe también evidenció fallas administrativas posteriores a la terminación unilateral de contratos, ya que no se registró a ciertos proveedores como contratistas incumplidos ante el Servicio Nacional de Contratación Pública, tampoco se ejecutaron garantías contractuales ni se presentaron denuncias ante Fiscalía por medicamentos adulterados.
El caso se conoce en medio de la crisis hospitalaria que atraviesa el sistema público de salud y tras recientes decisiones del presidente Daniel Noboa para centralizar la compra de medicamentos y la gestión de infraestructura hospitalaria mediante la empresa pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud (AIL).
