Quito.- La Contraloría General del Estado detectó indicios de responsabilidad penal y sugirió responsabilidades civiles y administrativas por más de USD 5,5 millones, tras aprobar el informe de auditoría al contrato de alianza estratégica suscrito por la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP) para la implementación de radares en la ciudad y en la autopista Cuenca–Azogues.
El informe No. DPA-0065-2025 corresponde al examen especial realizado al contrato firmado con el Consorcio Móvil Technology Ecuador, cuyo periodo auditado abarcó del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2025. Como resultado, se establecieron sanciones administrativas por USD 73.050 y civiles por USD 5’486.799,02.
La auditoría evidenció que los dispositivos iniciaron operaciones con un retraso de 143 días debido a la falta de control por parte de los administradores del contrato, quienes no efectuaron inspecciones oportunas ni gestionaron el inicio de las pruebas preoperativas. Además, se identificaron irregularidades en la inspección de 32 dispositivos instalados en 16 puntos urbanos, lo que impidió ejecutar procesos sancionatorios por infracciones de tránsito.
También se determinaron incumplimientos en la homologación de las funcionalidades de los equipos, sin que se comprobara el cumplimiento de los parámetros contractuales. A ello se sumó la falta de notificación al consorcio sobre el incumplimiento del monto de inversión correspondiente al segundo año del contrato.
Respecto a la terminación por mutuo acuerdo del contrato, la Contraloría concluyó que esta se realizó sin demostrar su conveniencia para los intereses institucionales, según los informes técnicos, financieros y jurídicos presentados. Asimismo, la repartición de la cartera pendiente de cobro careció de sustento técnico, generando un perjuicio económico a la empresa pública por USD 4’887.856,81.
El informe también señala deficiencias en la transferencia de información tras la terminación del contrato e inconsistencias en los registros de infracciones. Pese a este escenario, la EMOV EP recurrió al endeudamiento público por USD 3 millones para cumplir con obligaciones contractuales, sin estudios de conveniencia ni sostenibilidad financiera, generando intereses por USD 444.772,90.
Finalmente, la Contraloría determinó un uso ineficiente del equipamiento tecnológico al no existir normativa interna que regule su operación, lo que derivó en riesgos de obsolescencia, costos de mantenimiento sin beneficios institucionales y un perjuicio adicional por USD 154.169,31, además de afectar negativamente la seguridad vial en la autopista Cuenca–Azogues y en la avenida Enrique Arizaga Toral.
