Quito.- La Contraloría General del Estado aprobó el informe de auditoría No. DPA-0060-2025, que evaluó diversos procesos de contratación del Municipio de Cuenca entre 2020 y 2024.
El examen reveló múltiples irregularidades que derivaron en la sugerencia de responsabilidades administrativas por USD 63.550 y en la determinación de indicios de responsabilidad penal remitidos a la Fiscalía.
Uno de los casos más relevantes corresponde al proceso SIE-GADC-2023-3155 para la adquisición de un vehículo destinado a la primera autoridad municipal. La auditoría determinó que el Informe de Necesidad y las Especificaciones Técnicas carecían de sustento y estudios previos.
Esto restringió la participación de oferentes y vulneró los principios de igualdad y transparencia establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, no se verificó la composición societaria exigida, lo que permitió adjudicar una oferta que debía ser descalificada.
La selección del vehículo también generó afectaciones posteriores: mantenimiento prematuro y repetitivo, operación sin título habilitante hasta los 3.581 km, conducción por un servidor sin licencia válida y falta de registro adecuado de depreciación al no considerar el valor agregado del blindaje.
El informe identificó además inconsistencias en los procesos COTS-GADC-18058-2022, COTS-GADC-18150-2022, COTS-GADC-18199-2023, SIE-GADC-18091-2022 y SIE-GADC-17675-2022, donde los documentos que acreditaban el nivel educativo del personal mínimo solicitado no eran reconocidos por las instituciones que supuestamente los emitieron.
Adicionalmente, los procesos por Régimen Especial REOACL-GADC-17868-22 y RE-GADC-17823-2022 incluyeron servicios que no correspondían al tipo de procedimiento aplicado.
Aunque fueron tramitados como “obra artística literaria o científica”, en realidad abarcaban producción de eventos, presentaciones escénicas, logística y servicios complementarios.
Con estos hallazgos, la Contraloría concluyó la necesidad de sanciones administrativas y abrió la vía para que Fiscalía determine posibles responsabilidades penales.
