Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Gobierno nacional dispuso nuevas medidas de control en los procesos de contratación pública. A través del Decreto Ejecutivo 328, el presidente Daniel Noboa ordenó que el Centro Nacional de Inteligencia emita alertas y reportes de riesgo sobre personas naturales o jurídicas que participen en contratos con el Estado.
La disposición busca anticipar posibles amenazas vinculadas a redes de corrupción, estructuras criminales, financiamiento ilícito o cualquier tipo de riesgo que comprometa la seguridad del Estado.
Según el decreto publicado el 12 de marzo de 2026, el organismo de inteligencia deberá analizar a oferentes, contratistas, subcontratistas, accionistas y beneficiarios finales que intervengan en procesos de contratación pública, especialmente aquellos sujetos a regímenes especiales o cuya información esté clasificada como confidencial, reservada o secreta.
Control previo a la adjudicación de contratos
La normativa establece que los ministerios y demás entidades de la Función Ejecutiva deberán remitir al Centro Nacional de Inteligencia el listado completo de participantes antes de la adjudicación de los contratos.
Este reporte deberá incluir información detallada sobre las estructuras societarias, beneficiarios finales y cualquier documentación relevante que permita realizar un análisis técnico de riesgos.
Con base en estos datos, el organismo elaborará informes y alertas dirigidas al Presidente de la República para advertir posibles vínculos con actividades ilícitas o amenazas a la soberanía, la seguridad pública, la defensa nacional o el orden constitucional.
Además, el Centro Nacional de Inteligencia podrá solicitar información adicional a las instituciones involucradas, la cual deberá ser entregada de forma inmediata para garantizar la evaluación preventiva de los procesos de contratación.
Integración de sistemas de inteligencia
El decreto también establece nuevas disposiciones de coordinación entre entidades del Estado. En ese sentido, el ECU 911 deberá proporcionar datos de geolocalización y georreferenciación cuando sean requeridos por el sistema de inteligencia, bajo protocolos de protección y reserva de la información.
Asimismo, se dispuso la incorporación de la Dirección de Control Migratorio de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior como subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia.
Esta integración permitirá fortalecer las capacidades del Estado para detectar riesgos vinculados con movimientos migratorios, posibles injerencias extranjeras o amenazas transnacionales.
Seguimiento y aplicación del decreto
El Decreto Ejecutivo 328 también establece que el Centro Nacional de Inteligencia emitirá los protocolos internos necesarios para aplicar las nuevas disposiciones y supervisará su cumplimiento.
Las instituciones públicas que mantengan procesos de contratación en curso deberán remitir igualmente la información requerida si estos aún no han sido adjudicados.
Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar los controles preventivos en la contratación estatal y evitar que empresas o personas vinculadas a actividades ilícitas accedan a recursos públicos.
