Quito.- La Comisión de Gobiernos Autónomos retomó esta mañana el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Para ello comparecieron una representante del Gobierno Cantonal de Cuenca, Dora Ordóñez, y el presidente de la Asociación de Consultores Privados del Ecuador, Galo Andrade. La institucionalidad y la ampliación de la norma hacia el control de la edificación, equipamiento, servicios e infraestructura, a propósito del último terremoto, fueron los temas que se analizaron.
“En este proyecto se abordan temáticas relacionadas con el hábitat seguro y los derechos de los ciudadanos. Es de resaltar que el uso del suelo obedece a los múltiples requerimientos de la colectividad y esa versatilidad en la edificación merece la debida atención en las leyes, reglamentos, códigos y ordenanzas”, manifestó Galo Andrade. Así mismo, sugirió buscar mecanismos que precautelen el cumplimiento de las normativas para garantizar la vida e integridad de los usuarios, así como de las edificaciones.
“Cuando se desacatan estas normas es menester que una instancia superior corrija y perfeccione a ese territorio”, añadió, al referirse a la creación de una Secretaría Técnica y una Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que plantea el proyecto. Sin embargo, insistió que las responsabilidades de estos entes también deben extenderse a la edificación y control de construcciones.
Pero, precisamente, con la creación de esta institucionalidad es con la que no compartió Ordóñez. Explicó que esta “superpone un ente en el ejercicio de una competencia exclusiva de los GADs municipales. La conformación del Comité Técnico hace suponer el predominio del gobierno central sobre otros criterios de los locales. Es importante mencionar que los GADs conocen más la realidad de cada territorio”, enfatizó.
El debate se lo va a seguir generando tanto en la Comisión como en el Pleno, se respetarán todas las posiciones, aclaró el presidente de la mesa, Richard Calderón. Este proyecto se debatió en primera instancia en mayo del año pasado y hoy la comisión reinició el estudio.
Galo Andrade explicó que el proyecto plantea además del hábitat seguro y derechos de los ciudadanos, el ordenamiento territorial, el uso del suelo y la gestión. En cuanto a esta última sostuvo que debe articularse entre el gobierno central y los locales. Con este criterio coincidió Richard Calderón, quien afirmó que la adopción de ciertas medidas por parte de los GADs no puede estar separada con ciertas políticas de orden nacional.
Esta tarde, a partir de las 14:30, se prevé la presencia en esta mesa de delegados del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Secretaría de Planificación.
El proyecto está formado por siete títulos, relacionados con los principios y reglas generales, ordenamiento territorial; planeamiento del uso y de la gestión del suelo; régimen institucional; y, régimen sancionatorio.
