Loja. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Colegio de Abogados de Loja enfrenta una profunda crisis institucional y financiera que mantiene en alerta a los profesionales en libre ejercicio.
En una reciente entrevista en el noticiero Prensa Radial y noticias Planeta Al Día, los doctores Rómulo Salazar Ochoa y Vicente Cuenca Capa, socios del gremio, expusieron graves irregularidades que van desde la usurpación de funciones y la falta de legitimidad en procesos de mediación, hasta el riesgo inminente de que el edificio de la institución sea embargado y rematado debido al incumplimiento de deudas.
La inhabilitación de José Luis Silverio y el «encargo» ilegal
Uno de los puntos centrales de la denuncia radica en la situación del Dr. José Luis Silverio Palacios, quien, según explicaron los juristas, está legalmente impedido de ejercer la presidencia del Colegio de Abogados.
El artículo 18 del estatuto vigente (aprobado durante la administración del Dr. César Guerrero) y la Ley de la Federación de Abogados del Ecuador exigen de manera obligatoria que el presidente del directorio sea un abogado en libre ejercicio profesional. Al asumir un cargo en la función pública, el Dr. José Luis Silverio quedó inhabilitado automáticamente.
Ante este impedimento, Silverio Palacios optó por «encargar» la presidencia a la doctora Gloria Marlene Montoya. Sin embargo, el doctor Vicente Cuenca aclaró que esta designación carece de validez legal. De acuerdo con el acta de elección del periodo 2023-2025, La Dra. Montoya ni siquiera formaba parte del directorio electo.
El Dr. Rómulo Salazar Ochoa enfatizó que, ante la renuncia de la vicepresidenta titular, el estatuto en su Art. 24 del estatuto, establece con claridad que la subrogación corresponde a los vocales principales del directorio en el orden de su elección, priorizando a quienes ejerzan libremente la profesión. Al no ser Montoya miembro del directorio, y al no existir una resolución del directorio que autorizara dicho encargo, su representación es completamente ilegítima.
Irregularidades en la mediación y peligro de embargo
Esta falta de legitimidad se trasladó a un proceso de mediación clave para el gremio. Montoya compareció y firmó un acta de mediación para negociar el pago de una deuda por obras de infraestructura, comprometiendo los recursos del Colegio hasta el año 2031.
Los denunciantes señalaron que el mediador de la Función Judicial no actuó con la prolijidad necesaria para verificar la legitimidad de la representación de Montoya ni la existencia de autorizaciones del directorio.
Según el estatuto en el Art. 12, literal g, el presidente solo está facultado para contraer obligaciones de hasta 10 salarios mínimos vitales; montos superiores requieren obligatoriamente la aprobación del directorio, la cual no consta en los documentos del proceso.
Debido al incumplimiento de los pagos acordados en dicha mediación —la cual tiene fuerza de sentencia ejecutoriada—, el acreedor ha iniciado un proceso de ejecución.
Los doctores advirtieron que, de no justificarse el pago, el juez de la causa se verá obligado a ordenar el embargo y posterior remate del edificio sede del Colegio de Abogados, ubicado en la calle José Antonio Eguiguren.
Prórroga de funciones al margen del estatuto
A la par del problema financiero, los doctores Rómulo Salazar Ochoa y Vicente Cuenca Capa cuestionaron la permanencia del actual directorio. El Art. 47 del estatuto determina de forma mandatoria que las elecciones deben realizarse en la primera quincena de enero, al cumplirse el periodo de dos años.
Habiendo fenecido su mandato en diciembre pasado, el directorio actual se encuentra en una «prórroga de funciones» de facto, una figura que no existe en los estatutos del gremio.
Los juristas advirtieron que los actos y contratos celebrados bajo esta condición podrían carecer de validez legal e incluso configurar ilícitos como el abuso de confianza.
Acciones legales en marcha
Frente a este escenario, un grupo de abogados en libre ejercicio ha comparecido ante el juez del proceso de ejecución, el doctor Brayanes, para ser considerados como terceros perjudicados en defensa del patrimonio gremial.
Aunque inicialmente el juzgador rechazó su intervención alegando que no son parte procesal, Salazar y Cuenca anunciaron que impugnarán la resolución por falta de motivación constitucional (violación al artículo 76 de la Constitución) y no descartan interponer una acción de protección.
«Queremos recuperar el gremio», concluyó el doctor Rómulo Salazar, lamentando que la institución lleva años sin publicar su revista académica ni pronunciarse sobre los problemas que afectan diariamente a la administración de justicia en la provincia, limitando su actividad únicamente a eventos deportivos mientras su patrimonio histórico corre el riesgo de perderse.
