(Diario HOY).- Cuatro relatores para la Libertad de Expresión emitieron ayer una declaración conjunta en la que, además de calificar como «inaceptables», manifiestan su repudio a los índices de delitos contra la libertad de expresión, como asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones, acciones judiciales y encarcelamiento, que afectan a medios de comunicación y personas que desempeñan un rol fundamental en la difusión de información.
Ellos son Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión; Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dunja Mijatovi; y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Faith Pansy Tlakula.
En su Declaración Conjunta, los cuatro relatores señalan que los crímenes contra periodistas y otros comunicadores no solo representan ataques contra las víctimas sino que afectan a la libertad de expresión en sí misma, puesto que tienen un efecto disuasivo para el libre intercambio de información e ideas.
Aquello, puntualizan los expertos en su comunicado, atenta contra los derechos de la sociedad en general.
Los relatores destacan, además, que la situación generalizada de impunidad agrava la incidencia de estos delitos.
«Por consiguiente, la Declaración presenta una serie de medidas que los Estados deberían adoptar en consonancia con su obligación de asegurar que se juzguen y castiguen los delitos contra la libertad de expresión y que las víctimas tengan acceso a recursos adecuados», señala el documento.
Los relatores instan a los Estados a investigar estos delitos con independencia, celeridad y efectividad, y a promover una mayor transparencia de las investigaciones.
De igual forma, señalan que los periodistas independientes que cubren situaciones de conflicto armado, pese a exponerse a riesgos derivados del conflicto, no pierden por ello su condición de civiles, y, por lo mismo, continúan amparados por las garantías aplicables del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Según consta en la Declaración, cuando los delitos contra la libertad de expresión representan un problema recurrente, las autoridades de los Estados deberían adoptar medidas específicas para impedir que este tipo de hechos se produzcan.
Entre las acciones para garantizar la libertad de expresión, los relatores sugieren, por ejemplo, establecer sanciones más rigurosas para esos delitos o ampliar los plazos de prescripción aplicables.
«En algunas circunstancias sería pertinente crear unidades de investigación especializadas, recomiendan los suscriptores de la declaración.
Asimismo, destacan «la valiosa contribución que realizan a la sociedad las personas que investigan violaciones de derechos humanos y casos de corrupción», y advierten que con frecuencia son objeto de graves represalias.
Por todo lo anotado, los relatores instan a los Estados a crear programas de protección especializados cuando exista un riesgo constante y grave de que se cometan atentados contra la libertad de expresión. También destacan la necesidad de adecuar las medidas de protección a las necesidades de la persona en riesgo, teniendo en cuenta factores como el género.
De esta manera, los cuatro Relatores Especiales para la Libertad de Expresión denunciaron la necesidad de poner freno al alarmante incremento de la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, a través de la declaración conjunta suscrita ayer, al término de un encuentro extraordinario celebrado en Puerto España, Trinidad y Tobago. (MEVO)
