Loja.- (Diario LA HORA).- Las secuelas de los inviernos de los últimos cinco años siguen vigentes para un grupo de 62 familias que lo perdieron todo, pues a pesar de habérseles ofrecido viviendas en una zona segura, no les ha quedado más que regresar a sus propiedades afectadas, porque lo único que las autoridades han construido para ellos son ilusiones.
José Morocho, dirigente de los damnificados, asegura que tras insistir y visitar a las autoridades locales y nacionales, en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) se les habría dicho que los recursos estaban listos para iniciar las obras, pero antes era necesario que se levante la hipoteca de la lotización municipal La Cascarilla.
Los lotes están listos
Sin embargo, cuando esto se concretó el 15 agosto de este año, no pasó nada. Hasta ayer el Miduvi no cancelaba el valor de los 62 lotes al Municipio de Loja. Esto lo confirmó a Morocho, desde Quito, vía telefónica, Wilson Jaramillo, gerente de la empresa de vivienda del Municipio (Vivem EP). Cada terreno está tasado en 2.460 dólares, pero se los entrega a 1.460 dólares.
“Nos dijeren que el momento que se levante la hipoteca, máximo en un mes se está construyendo y en tres meses se les está entregando las viviendas”, asegura el dirigente de los damnificados que ahora buscan la intervención de la Defensoría del Pueblo para que se dilucide el problema.
El compromiso del Miduvi con este sector consiste en la adquisición de los lotes de 9×10 metros; la construcción de viviendas con dos dormitorios, sala, comedor, cocina y baño; y, la dotación de servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, sistema eléctrico y vías de acceso.
Ayer, se trató que conversar con el Xavier Ludeña y Mariela León, director provincial y la coordinadora zonal del Miduvi, respectivamente, pero no se encontraron en su despacho. Sin embargo, extraoficialmente se conoce que la entidad está en proceso de individualización de los lotes y en poco tiempo más se elevará el proyecto al Portal de Compras Públicas. (CAB)
El dato
Los damnificados debieron abandonar los albergues por no poder recibirlos más de tres meses. Su alternativa fue arrendar o regresar a sus propiedades.
