Quito.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 88 votos afirmativos, la Ley Orgánica de Educación Financiera, que establece la inclusión obligatoria de esta materia en todos los niveles del sistema educativo ecuatoriano.
La normativa tiene carácter estructural y abarca el Sistema Nacional de Educación, la educación superior, la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación. La bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra del proyecto.
El presidente del Legislativo, Niels Olsen, destacó la importancia de esta ley para fortalecer las capacidades económicas de la población, especialmente de los jóvenes. Señaló que permitirá mejorar la gestión del dinero, el uso responsable del crédito y la prevención de estafas.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltazar, aseguró que la normativa representa una herramienta clave para el país. Indicó que el texto final incorpora aportes relacionados con la seguridad digital, la protección de datos personales y la prevención de fraudes electrónicos.
La ley establece, por primera vez, la implementación obligatoria, progresiva y transversal de la educación financiera desde la educación inicial hasta la superior. Además, incluye a personas con escolaridad inconclusa y programas de educación no formal.
Entre sus principales objetivos está la construcción de una cultura financiera basada en principios de calidad, eficiencia, interculturalidad y equidad de género, con enfoque territorial y respeto a las cosmovisiones de pueblos y nacionalidades.
Asimismo, dispone que la Autoridad Educativa Nacional, en coordinación con el ente rector de la política financiera, diseñe una estrategia nacional que incluya contenidos prácticos, metodologías adecuadas y mecanismos de evaluación.
La normativa también contempla la capacitación continua de docentes y la participación de entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria en el desarrollo de contenidos educativos.
En el ámbito no formal, se establece la ejecución anual de programas de educación financiera dirigidos a sectores prioritarios como zonas rurales, emprendedores, migrantes y beneficiarios de programas sociales.
El texto incorpora además la enseñanza sobre prevención de fraudes digitales, uso seguro de plataformas tecnológicas y riesgos asociados a tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial.
Finalmente, la ley dispone la emisión de su reglamento en un plazo de 90 días y la evaluación periódica de la política pública de inclusión financiera cada tres años.
