Loja.- (Pablo Sanmartín Rodríguez).- En una reciente entrevista en el programa «Expresión Política», el exdiputado de Loja, Freddy Bravo, desglosó las profundas implicaciones de la suspensión de un partido político en Ecuador, un evento que, según sus palabras, podría generar un «seísmo» en el panorama político nacional.
La discusión se centró en los aspectos administrativos, económicos y jurídicos de esta medida, así como en sus posibles repercusiones en la Asamblea Nacional y el proceso electoral.
Freddy Bravo enfatizó que la suspensión de un partido político, tal como lo establece el artículo 374, numeral 3 del Código de la Democracia, no es un mero «dormir» de la organización, sino una inhabilitación administrativa y económica. Esta suspensión puede extenderse hasta por 24 meses, activada por una denuncia del Fiscal General sobre sospechas de lavado de activos.
El CNE y el Tribunal Contencioso Electoral tienen la potestad de aplicar esta medida, que no requiere notificación previa al partido investigado, ya que este se convierte en uno de los sujetos de la investigación.
El exdiputado criticó la postura de algunos dirigentes del partido suspendido, quienes argumentan que la medida les «quita la herramienta de la patria» para participar en las elecciones.
Freddy Bravo sostuvo que esta suspensión es necesaria para proteger la integridad de las instituciones ecuatorianas y asegurar que las organizaciones no involucradas en actos delictivos compitan en igualdad de condiciones.
Además, señaló que la investigación en curso, que podría durar más allá de los nueve meses iniciales, buscará rastrear el «dinero sucio» y formular cargos, activando recursos jurídicos como la investigación de cuentas corrientes de supuestos financistas.
Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue el análisis del impacto de la suspensión en la Asamblea Nacional. Freddy Bravo explicó que, aunque los miembros del partido suspendido no dejan de ser legisladores, ya no pueden conformar un bloque.
Esto anula su derecho a solicitar, por ejemplo, puestos en comisiones en representación de un bloque inexistente. Esta situación podría llevar a que algunos legisladores busquen integrar otros bloques, lo que, según Freddy Bravo, podría facilitar la formación de mayorías calificadas para modificar textos constitucionales.
La conversación también abordó las renuncias de figuras clave como Marcela Aguinaga y el viceprefecto del Guayas, en medio de investigaciones por lavado de activos. Freddy Bravo sugirió que estas renuncias podrían ser estratégicas, aunque advirtió que la obediencia debida no exime de responsabilidad a los funcionarios que participaron en acciones cuestionables. La obstrucción a la fiscalización, por ejemplo, es un delito que podría acarrear complicidades.
Freddy Bravo desestimó la idea de que el movimiento de la fecha electoral sea el «epicentro» del seísmo político. Atribuyó el cambio a una advertencia técnica sobre precipitaciones fluviales que podrían impedir la movilización de votantes y destruir recintos electorales.
También aclaró que el adelanto de las elecciones no acorta el periodo de los funcionarios electos y que la preocupación de algunos por esta medida radica en la imposibilidad de gastar en reelección y la inminente llegada de nuevos funcionarios.
En resumen, la entrevista con Freddy Bravo pinta un panorama complejo y dinámico de la política ecuatoriana, donde la suspensión de un partido político no es un hecho aislado, sino un catalizador de cambios profundos con implicaciones en todos los niveles del poder.
