Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El debate sobre la calidad de la representación política en Ecuador se intensifica de cara a las elecciones seccionales de 2027, tras las declaraciones del presidente Daniel Noboa Azín, quien aseguró que se buscará impedir la participación de candidatos vinculados a actividades criminales.
Durante un análisis en el programa Expresión Polítika, dirigido por Pablo Sanmartín Rodríguez, se destacó que la propuesta presidencial apunta a una transformación del sistema electoral, con énfasis en la idoneidad, probidad y transparencia de los aspirantes a cargos públicos.
El presidente de la República, Daniel Noboa Azín en una entrevista en radio Centro de la ciudad de guayaquil dijo “Ese es el lamento o el llanto de los partidos que no llegan ni al 5% y van a desaparecer. Lo que vamos a evitar es que criminales puedan ser candidatos, pero en pura democracia, asimismo con las reformas al Código de la democracia, van a haber organizaciones políticas que van a poder participar sin ningún un problema y toda persona honesta puede participar, no hay ninguna traba para eso”.
Pablo Sanmartín Rodríguez explica que la propuesta de excluir a candidatos con antecedentes delictivos en las elecciones de 2027 representa un posible punto de inflexión en la arquitectura institucional del sistema político ecuatoriano.
“Desde una perspectiva estructural, la iniciativa del gobierno de Daniel Noboa Azín introduce tres ejes críticos: depuración del sistema de partidos, control del financiamiento político y fortalecimiento de los filtros de elegibilidad”, argumenta.
Señala que, en términos regulatorios, la eventual reforma al Código de la Democracia podría redefinir los criterios de participación política, incorporando estándares más exigentes de idoneidad. Esto implicaría pasar de un modelo formalista —centrado en requisitos básicos— a uno sustantivo, basado en evaluación de conducta, trayectoria y origen patrimonial.
Pablo Sanmartín Rodríguez dice que el impacto en el sistema de partidos sería significativo. Organizaciones con bajo rendimiento electoral (inferior al 5%) enfrentarían riesgos de desaparición, lo que podría reducir la fragmentación política, pero también concentrar el poder en estructuras más grandes.
Afirma que, en el plano económico, el control del financiamiento electoral —con participación de entidades como la unidad de análisis financiero— apunta a limitar el uso de recursos ilícitos en campañas. Este factor es determinante, ya que el financiamiento irregular distorsiona la competencia electoral y afecta la asignación eficiente de representación política.
Pablo Sanmartín Rodríguez indica desde el enfoque socioeconómico, la calidad de los candidatos incide directamente en la gestión pública. Autoridades con menor riesgo de corrupción tienden a generar mayor eficiencia en el uso de recursos, mejorar la inversión pública y fortalecer la confianza institucional, elementos clave para el desarrollo local y nacional.
Sin embargo, el desafío radica en la implementación. La verificación de la “honestidad” requiere mecanismos objetivos, verificables y jurídicamente sólidos para evitar arbitrariedades o exclusiones indebidas.
