Quito. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- La amenaza contra juez del TCE generó el pronunciamiento oficial de las máximas autoridades de la Función Judicial del país. La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura expresaron su respaldo al juez Joaquín Viteri Llanga, luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas amenazas e intimidaciones en su contra.
El pronunciamiento se produce tras la alerta emitida por el Tribunal Contencioso Electoral el pasado 29 de mayo de 2026, en la que se informó sobre supuestas amenazas de muerte atribuidas a grupos de delincuencia organizada.
Corte Nacional defiende la independencia judicial
En un comunicado oficial, la Corte Nacional de Justicia señaló que toda forma de amenaza, intimidación o presión contra quienes ejercen funciones jurisdiccionales es incompatible con los principios de independencia judicial y el Estado de Derecho.
La institución manifestó su solidaridad con Joaquín Viteri Llanga y su familia, destacando que las amenazas habrían surgido tras actuaciones jurisdiccionales relacionadas con asuntos electorales.
Asimismo, el máximo organismo de justicia ordinaria rechazó cualquier intento de afectar o condicionar el ejercicio independiente de la función jurisdiccional y reafirmó la importancia de garantizar que las autoridades competentes desempeñen sus funciones conforme a la Constitución y la ley.
Consejo de la Judicatura condena intimidaciones
Por su parte, el Consejo de la Judicatura también expresó su respaldo al magistrado y condenó las amenazas e intimidaciones denunciadas.
El organismo señaló que este tipo de acciones provenientes de estructuras delictivas representan una grave afectación al ejercicio independiente de la justicia y constituyen un riesgo para la institucionalidad democrática.
Además, reiteró su rechazo a cualquier acto que busque interferir o condicionar el cumplimiento de las funciones que la Constitución y las leyes otorgan a las autoridades judiciales.
Preocupación por el Estado de Derecho
Las declaraciones de ambas instituciones coinciden en advertir que las amenazas contra operadores de justicia no solo afectan a los funcionarios involucrados, sino que también ponen en riesgo la estabilidad institucional y el normal funcionamiento del sistema democrático.
El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de jueces y autoridades que intervienen en procesos de alta sensibilidad pública, especialmente en materias relacionadas con el ámbito electoral.
Con estos pronunciamientos, la Función Judicial busca enviar un mensaje de respaldo a la independencia judicial y de rechazo a cualquier forma de presión o intimidación contra quienes administran justicia en el país.
