Loja.- El Ex diputado Freddy Bravo acepta el reiterado desafío del Presidente Rafael Correa y le solicita realizar la investigación a la eventual garantía soberana, que pide el Alcalde de Quito, para contratar con ODEBRECHT, el Metro de la capital, por una cifra misteriosa que no se puede revelar y evitar el riesgo de perder el crédito para la construcción del Metro de Quito.
Entrevista a Freddy Bravo en SRRADIO
Las Bases de la Licitación, las normas del Banco Mundial, las Leyes del Ecuador impiden que las empresas que han recibido sanciones de terminación de contratos por corrupción y están prohibidas de contratar en su país de origen, se les permita participar en licitaciones y contratar con entidades públicas, más aun las que reciben financiamientos del BID, Banco Mundial, CAF y Banco de la Comunidad Europea, por lo cual es un absurdo que se siga engañando al país con la supuesta negociación con ODEBRECHT, para la más importante obra de transporte del Ecuador, que las Multilaterales financian y entre las autoridades municipales se pasen pidiendo informes y pareceres que no sirven de nada, frente a la evidente imposibilidad de que el Gobierno otorgue garantías soberanas y los Bancos desembolsen recursos en favor de empresas incursas en delitos de corrupción.
La Policía Federal de Brasil inicio en marzo de 2014 la investigación LAVA JATO y allano las oficinas de ODEBRECHT y otros integrantes del cartel, incauto pruebas y efectuó detenciones de docenas de funcionarios públicos, empresarios de constructoras y políticos, en base a lo cual PETROBRAS (mayoritariamente del Gobierno de Brasil) la más grande empresa comercial y de petróleo de Latinoamérica, resolvió el día 29 de diciembre de 2014, respaldada en las pruebas ventiladas en el juicio penal del 13er Juzgado Federal de Curitiba/PR No. 5083258-29.2014.4.04.7000/PR prohibir que entre otros miembros del cartel, que la Constructora Odebrecht participe en licitaciones y contrate obras, de todo lo cual adjunto acompaño los documentos probatorios.
PETROBRAS y Brasil como miembro activo, mantiene acuerdos de reciprocidad anticorrupción con el Banco Mundial y en el conocimiento de la irregularidad informada, está en la obligación de suspender los trámites y disponer los correctivos del caso.
El mencionado juicio en Curitiba concluyo el 20 de julio de 2015 con la sentencia de culpabilidad de varios funcionarios de la Constructora Camargo Correa y otras empresas, los sanciono junto a ex funcionarios públicos, con penas de más de 15 años de cárcel y estableció en la sentencia, que ODEBRECHT actuó como líder «del cartel» según lo definió la Justicia Brasileña, que perjudico a PETROBRAS, al Gobierno de Brasil y a varios países latinoamericanos y de África, incluido Ecuador.
El Presidente y propietario de ODEBRECHT Marcelo Odebrecht, fue detenido por la Policía Federal el 19 de junio de 2015, luego de lo cual, se completó la investigación y el Ministerio Público Federal (Fiscalía General) lo acuso de delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir, ante lo cual el Juez Moro del Supremo Tribunal Federal de Curitiba (Corte Suprema de Justicia) ratifico lo actuado por la Policía Federal y el Ministerio Publico, manteniéndolo en prisión como reo de la justicia.
Como puede el Municipio y el gerente del Metro de Quito desatender las normas establecidas en las Bases de la Licitación y en los Reglamentos Anticorrupción del Banco Mundial y bancos multilaterales, que financian la obra?.
Estamos como en la FIFA que la justicia de Estados Unidos y de Suiza tienen que actuar, ordenar detenciones, extradiciones y ser juzgados por la Justicia Norte americana, para que el Contralor actué?, en ese caso tendremos que acudir al país del Norte para que se investigue y sancione a quienes han liberado de responsabilidad a los contratistas de San Francisco, de Mandariacu, del Acueducto a la Refinería del Pacifico, del Poliducto Pascuales-Cuenca y de todos los contratos pagados con recursos del Estado y otros financiados por el BNDES y se sancione a autores, cómplices y encubridores?.
Bravo informo que se está dirigiendo al BID, a la CAF, al BIRF y al Banco de la Comunidad Económica Europea, a las Comisiones Internacionales Anticorrupción, a la justicia de los países en los que se llevan adelante investigaciones y juicios penales y financieros, para impedir que se cause un enorme perjuicio a las arcas fiscales, al “negociarse a la baja” una propuesta de un consorcio integrado por una empresa vetada de contratar en su propio país por casos de corrupción, que buscara los recursos de Ecuador y otros países, para tapar los huecos que se producen por su mal manejo y corrupción.
Adjunto entre los documentos habilitantes un detalle de las violaciones a las Bases de la Licitación y Normas del BIRF, centenares de publicaciones de Brasil y países latinoamericanos, que dan cuenta de los negociados de las empresas mencionadas.
La terminación de contratos, el cobro de garantías, la vertiginosa caída de los bonos de las empresas involucradas, sumados a las prohibiciones de contratar, los juicios e investigaciones internacionales, entre los que se cuentan los de la justicia norteamericana, por la venta de bonos de las empresas, obligo a que suspendan la construcción de grandes buques en enormes astilleros, plantas industriales, lo que les significa pérdidas económicas altísimas, que afectan la capacidad financiera de la otrora más grande empresa constructora de Latinoamérica.
Por otra parte es oficial que el BNDES ha suspendido los créditos que venían tramitando las empresas involucradas en el escándalo de Lava Jato, entonces no tendrán el cuento del financiamiento para lograr los contratos.
Los mismos empresarios que contrataron, coimaron y están detenidos en Brasil, han delatado a los funcionarios públicos que los beneficiaron, para rebajar sus penas, en lo que se denomina DELACIÓN PREMIADA, igual pasará con el Metro de Quito y todos los negociados en que han participado.
El Ecuador no puede entregar nuevos contratos y poner en riesgo, la ejecución de las obras, perder anticipos y seguramente permitir que esas empresas tapen huecos en otros países y produzcan un perjuicio enorme al Ecuador, máxime con la caída el precio del petróleo, del camarón y de los productos que exporta nuestro país.
Bravo recomienda al Fiscal General que dé inicio a la investigación penal correspondiente y solicito a la Comisión de la Asamblea Nacional que fiscalice, concluye su pedido, a los Movimientos sociales, Cámaras de la Construcción y de la Producción, Universidades, grupos políticos, que incorporen la fiscalización por este contrato de construcción, en las mesas de diálogo que plantea el Gobierno, para buscar la estabilidad democrática.
Debemos recordar el ridiculum vitae de la empresa líder del cartel brasileño, los negociados del Trasvase a la Península, el contrato de Carrizal-Chone, el vergonzoso Proyecto hidroeléctrico San Francisco y la expulsión del país, el exagerado costo por kilómetro de la Ruta Viva, el Proyecto Hidroeléctrico Baba, el de Mandariacu, el Dauvin, el Acueducto a la Refinería del Pacifico, el Poliducto a Cuenca, todos contratados ejecutados con denuncias de presuntos perjuicios al Estado y que tendrán que ser fiscalizados.
Veamos dijo el ciego si las sabatinas palabras del Presidente Correa, se esparcen y las palabras se la lleva el viento o realmente se empieza a proteger al país y se somete al juicio de la historia, termina su periodo, sin caer en los sobresaltos de Dilma Rousseff y Lula, que tienen sumergido al Brasil en el mayor escándalo mundial de corrupción liderado por ODEBRECHT, como dicen y lo prueban los jueces en Brasil.
