Quito.- (Diario EL UNIVERSO).- Las familias del asambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa, sentenciados por injuriar al presidente Rafael Correa, esperan que el Gobierno responda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si acatará o no el pedido de medidas cautelares (no ejecutar el fallo) que esta hizo a su favor.
Varios funcionarios han adelantado que la respuesta será negativa. El plazo otorgado por la Comisión se vence mañana.
Cuando esto ocurra tendrán más claro qué camino seguir para reforzar su estrategia de defensa. Una cosa sí está clara: entregarse no es una opción para ellos, coinciden las esposas de Jiménez y Villavicencio, Rocío Alba y Verónica Saraes, en su orden, y la hermana de Figueroa, Zulema de Campo.
Ellas dicen que los tres están juntos “en algún lugar de la selva amazónica”, protegidos por las comunidades indígenas.
No pueden comunicarse telefónicamente, pero sí a través de internet o mensajes que les traen terceras personas.
Las mujeres afirman que perdieron contacto con ellos a partir de que la jueza nacional Lucy Blacio emitiera la boleta de encarcelamiento. En adelante, agregan, la situación de las familias se volvió angustiante.
“Nos comunicamos vía correo (electrónico), él (Jiménez) me dice que esté tranquila (…), que todo está bien y que pronto va a pasar. Aspiro a que así sea porque esto es una pesadilla”, comenta Alba entre sollozos.
La mujer dice temer por su seguridad a causa de la presencia de civiles en motos y autos sin placas que la persiguen mientras realiza sus actividades diarias o de trabajo.
Saraes denuncia un acoso similar. Ella se quedó sola antes de que Blacio ratificara el fallo contra los activistas, pues Villavicencio viajó a Estados Unidos para denunciar el caso.
El exsindicalista regresó al país la semana pasada pese a que, según su esposa, EE.UU. le ofreció asilo político. “Sus convicciones lo impulsan a estar aquí. No iba a permitir que Cléver y Carlos estén solos. El objetivo de estar en Washington solo fue acelerar la concesión de las cautelares”, explica.
Cuenta que su situación económica es crítica porque su esposo era el sustento de la familia. Ella labora en el despacho de Jiménez, pero teme perder su puesto si la Asamblea ratifica la pérdida de la curul.
La ausencia de Figueroa, según su hermana, ha generado mucha preocupación en su familia no solo por la injusticia que, a su criterio, se ha cometido, sino porque este cuidaba de la salud de su madre, que tiene cáncer de páncreas.
De Campo dice que su hermano no es un delincuente. “Él (es) un médico que salva vidas, una persona de lucha, honorable y decente. Por tanto, no tiene que disculparse por sus declaraciones para satisfacer la vanidad de una sola persona”.
