Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este 16 de junio de 2026, un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna, mediante el Decreto Ejecutivo 423.
La medida tendrá una vigencia de 60 días y se aplicará en 10 provincias y tres cantones del país, como parte de la estrategia gubernamental para enfrentar la violencia criminal y el avance de organizaciones delictivas.
Las provincias incluidas en la declaratoria son Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. Además, la medida alcanza a los cantones La Maná, Las Naves y La Troncal.
Entre las disposiciones contempladas en el decreto se encuentran la suspensión de los derechos de inviolabilidad de domicilio e inviolabilidad de correspondencia, lo que permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos e intervenciones vinculadas a investigaciones sobre estructuras criminales, narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos de alto impacto.
Asimismo, el Gobierno autorizó la requisición temporal de bienes y servicios que sean necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las acciones estarán coordinadas por el denominado Bloque de Seguridad, conformado por ambas instituciones.
A diferencia de anteriores estados de excepción, la nueva declaratoria no contempla restricciones a la movilidad ni toque de queda. Sin embargo, se intensificarán los controles, retenes, patrullajes y operativos de seguridad en las zonas consideradas de mayor riesgo.
El decreto se sustenta en informes reservados de inteligencia que alertan sobre la presencia de estructuras criminales y el incremento de hechos violentos registrados entre mayo y junio de 2026. Entre los casos citados por el Gobierno figura el asesinato de la fiscal de Manta, Alexandra Bravo, hecho que generó conmoción a nivel nacional.
Las autoridades señalaron que la medida busca fortalecer la capacidad operativa del Estado para recuperar el control territorial, combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana en las zonas más afectadas por la violencia
