(Diario EL UNIVERSO).- Que a los defensores de audiencias y lectores se los considere servidores públicos y que el medio pueda ofrecerles el domicilio para su labor son algunas de las propuestas que se hacen al reglamento general a la Ley de Comunicación que está en análisis en la Presidencia de la República.
Ellos serán el enlace de la gente y el medio en el trámite de quejas, réplicas y rectificaciones; y elegidos por un concurso de méritos organizado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC).
En un documento dado a conocer por fuentes cercanas al Gobierno, un comité de análisis –con delegados de la Superintendencia de Información y de los Consejos de Participación y de Regulación– solicita al secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, que tome en cuenta ciertas consideraciones, como la regulación del “régimen laboral de los defensores, el domicilio y facilidades que debe darle el medio”.
Que sean considerados como servidores públicos, para evitar la disposición de contribuciones en el pago de salarios, “que bajo el principio de legalidad no se encuentra reconocido en la Ley de Comunicación”, cita el escrito.
Que duren más en el cargo por el uso de recursos que implican estas designaciones, ya que en un borrador de reglamento se plantean dos años.
El superintendente de Información, Carlos Ochoa, no cree que puedan ser considerados servidores públicos. “Esta persona percibiría una remuneración del medio, pero que sería pagada por la Superintendencia… (Pero) no es un empleado ni de la Superintendencia, ni del Ejecutivo”, apuntó Ochoa, quien piensa que los medios podrían depositar los montos para las remuneraciones en la cuenta que maneja la institución. “Lo que se busca es que no haya un contacto directo entre el medio y los defensores”.
Hernán Reyes, del ente regulador, no ahonda en detalles, pues considera que “no es un asunto fácil” establecer si son o no servidores públicos.
David Rosero, del CPC, recuerda que la misma preocupación hubo en la designación de los defensores del cliente de las entidades financieras, quienes al final se convirtieron en una “figura particular”, que da servicios prestados, que facturan y no están aseguradas en el Seguro Social.
Su temor es que si son reconocidos como funcionarios del Estado pierdan su independencia y se “desnaturalice su rol de mediadores”.
Para Diego Cornejo, director de la Asociación de Editores de Periódicos, es “extraño” que un medio privado pague el salario de un servidor elegido de un órgano estatal, se pregunta cuáles son las atribuciones que tendrán y teme que se esté “armando un censor” de los medios.
30 DEFENSORES
Para los medios de alcance nacional es el número estimado por la Superintendencia.
