Loja.- Luego de 12 días de audiencia de juzgamiento, las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron determinantes para que el Tribunal de Garantías Penales de Loja dicte sentencia de 34 años 8 meses de pena privativa de libertad en contra de Tania R. y Manuel A. por la muerte de Emilia B., menor de 9 años de edad que desapareció y fue encontrada sin vida, en Loja, en diciembre de 2017.
Además, el Tribunal señaló que los sentenciados deberán pagar una multa de 1000 salarios básicos unificados y dispuso la protección de la familia de la víctima por parte del Estado.
La fiscal Bella Castillo presentó su teoría del caso por los delitos de trata de personas, pornografía con el uso de niñas, niños y adolescentes, violación sexual y femicidio, sin embargo, el Tribunal, integrado por los jueces René Muñoz (ponente), Augusto Álvarez y Jorge Luis Valdivieso, emitió su sentencia solamente por el delito de femicidio, con agravantes.
“Es el criterio del Tribunal imponer la pena por el delito más grave. La Fiscalía y la acusación particular sostenemos que existe una concurrencia real de infracciones y al estar probados otros delitos, como expresamente lo señaló el juez, tiene que imponerse una pena por cada uno. La Fiscalía apelará esta sentencia y solicitará la pena máxima que estipula la ley, que es de 40 años”, señaló la fiscal Castillo al finalizar la audiencia.
La Fiscalía presentó un total de 28 testimonios, como prueba documental expuso 5 certificados biométricos, 92 recreaciones fotográficas del levantamiento de las osamentas de la menor, 13 cadenas de custodia de la evidencia receptada en cada diligencia, 13 videos del ECU 911, 4 CDs con información de los reportes telefónicos, 4 certificaciones de escolaridad de la niña Emilia, y una flash memory que contenía información de los medios magnéticos. En la investigación participaron 51 peritos que realizaron 38 experticias, lo que permitió sustentar la teoría de la Fiscalía.
Entre las pruebas presentadas también constan los testimonios del padre de la niña, los testimonios anticipados de la madre y hermana de la víctima, a lo que se sumaron los de los agentes policiales que realizaron la investigación y detención de los procesados.
Además, se presentó el informe de levantamiento del cadáver, la autopsia médico legal y el análisis de los restos encontrados, el cotejamiento de ADN y los informes psicólogo-forenses de los sentenciados.
Asimismo, se incluyó la pericia de explotacion del contenido de celulares y medios magnéticos en los que se descubrió importante información sobre la responsabilidad de Tania R. y Manuel A. en la comisión de los hechos imputados.
Al inicio de la audiencia, Tania R. hizo llegar una carta a la audiencia en la que pidió perdón a la familia de Emilia, en donde adujo que no fue responsable de la muerte de la niña. Sin embargo las pruebas presentadas en su contra fueron concluyentes para su sentencia.
El hecho
Emilia B., menor lojana de 9 años, despareció el 15 de diciembre de 2017 luego de salir de su escuela. Pocos días después, el 19 de diciembre, su cuerpo sin vida fue hallado en una quebrada de la vía a Chuquiribamba, a las afueras de Loja.
La investigación iniciada por la Fiscalía permitió la detención de tres personas. El principal sospechoso, Fabián N. se suicidó dos horas después de su ingreso a la celda número 12 del Centro de Detención Provisional (CDP) de Azuay.
Alerta Emilia
Gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del interior y otras instituciones públicas y privadas, Ecuador cuenta con un sistema de alerta temprana para la búsqueda y ubicación de menores que se encuentren en alto riesgo. Difunde de manera inmediata la imagen e información del menor desaparecido a través de los dispositivos móviles y medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico, y las redes sociales como Facebook a un radio de 500 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez el mejor. El objetivo de llegar al mayor número de personas posibles y poder encontrar al menor en el menor tiempo posible.
Ecuador es uno de los pocos países a nivel mundial que cuenta con un protocolo de búsqueda de este tipo y su nombre, Alerta Emilia, fue adoptado en memoria de Emilia B., cuya muerte marcó una pauta para fortalecer estas acciones, con una política de Estado y que involucra a toda la sociedad.
