Guayaquil. (Pablo Sanmartín Rodríguez).- El Gobierno del presidente Daniel Noboa Azin entregó 200 títulos de propiedad a familias del sector Monte Sinaí, en Guayaquil, y anunció la construcción del Parque Recreativo Monte Sinaí con una inversión de USD 7,7 millones, como parte de su agenda territorial.
El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien destacó que estas acciones forman parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el patrimonio familiar y recuperar espacios públicos.
Seguridad jurídica para 200 familias
La entrega de escrituras se ejecuta a través del programa Creamos Patrimonio, que regulariza la tenencia de tierras ocupadas o destinadas a vivienda. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica, facilitar el acceso a crédito y abrir oportunidades para ampliar viviendas o emprender negocios.
Durante el evento, una de las beneficiarias, Gardenia Cedeño, expresó que la legalización de su propiedad representa estabilidad para su familia. “Voy a poder dejarle un lugar a mi hija y seguir construyendo mi casa”, señaló.
El ministro Luque enfatizó que los títulos no solo representan un documento legal, sino la garantía de permanencia y protección ante posibles desalojos. Además, explicó que la formalización permite acceder a programas estatales como mejoramiento barrial y vivienda subvencionada.
Parque Recreativo Monte Sinaí
En el marco del Año de la Construcción, el Gobierno también anunció la edificación del Parque Recreativo Monte Sinaí, que se desarrollará en un área de 65.480,38 metros cuadrados y beneficiará a más de 45.000 personas.
El proyecto contempla canchas de fútbol, básquet y vóley; pista atlética y ciclovía; juegos infantiles; equipos biosaludables; gimnasio para adultos mayores; parque canino; áreas para bailoterapia; plataforma para eventos; zonas administrativas; parqueaderos y amplias áreas verdes.
Asimismo, incorporará sistemas sostenibles como iluminación híbrida, redes de agua potable, drenaje pluvial, tratamiento de aguas servidas y videovigilancia. Se prevé que la obra genere aproximadamente 100 empleos durante su ejecución e inicie en el primer semestre de 2026.
Con estas intervenciones, el Ejecutivo apunta a consolidar una política integral que combine seguridad jurídica, infraestructura y recuperación del espacio público como ejes para fortalecer la cohesión social en sectores populares de Guayaquil.
