Loja.- La aprobación de la ordenanza para el impuesto predial Loja 2026 no estuvo exenta de controversia. Durante la última sesión del Cabildo, el concejal Santiago Erráez presentó una postura crítica frente al proyecto de valorización del suelo y recaudación para el bienio 2026-2027, señalando posibles perjuicios económicos para quienes dinamizan la economía local.
La polémica de la «Banda Especial»
El punto central de la discordia se enfocó en el artículo 89, literal B, que establece una «Banda especial en función del uso principal del suelo». Según Erráez, esta disposición aplica tarifas impositivas más altas a predios donde funcionan cooperativas de crédito y laboratorios clínicos, sin considerar la realidad contractual de estos negocios.
«Existen laboratorios pequeños que funcionan en locales arrendados en el centro de Loja. Al elevar la tasa al propietario del inmueble, este terminará subiendo el arriendo al emprendedor», argumentó el edil. Erráez fundamentó su observación en el artículo 501 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), el cual estipula que el sujeto pasivo del impuesto es el propietario, pero advirtió sobre el efecto dominó que esto tendrá en quienes generan empleo.
Moción sin respaldo en el Cabildo
A pesar de la argumentación técnica basada en el riesgo de desincentivar la inversión privada, la moción de Erráez para eliminar dicho literal no prosperó. Al no recibir el apoyo necesario por parte de los demás concejales integrantes de la Comisión de Planificación y Presupuesto, la propuesta fue descartada, manteniendo el texto original de la administración municipal.
Con este resultado, el esquema del impuesto predial Loja 2026 entrará en vigencia tal como fue concebido, obligando a empresas de servicios y salud a enfrentar costos operativos más elevados.
