Italia. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- Italia volvió a endurecer su postura frente a los barcos privados de rescate en el Mediterráneo. Las autoridades italianas inmovilizaron durante 45 días al buque alemán Sea-Watch 5 y sancionaron con 7.500 euros a la organización que opera la embarcación, reavivando las diferencias entre Roma y Berlín sobre la gestión de las operaciones de salvamento y migración.
La medida se produjo después de que el Sea-Watch 5 rescatara el 13 de agosto a seis personas en el Mediterráneo. Según el relato de la organización, durante la operación la tripulación mantuvo contacto con una embarcación armada no identificada y documentó ocho muertes.
Italia cuestiona la actuación durante el rescate
El Ministerio del Interior italiano sostiene que la inmovilización se fundamenta en el incumplimiento de la obligación de informar a la guardia costera libia sobre la operación de rescate.
Sea-Watch rechaza esta interpretación y anunció que presentará un recurso contra la sanción. La organización sostiene que el centro italiano de coordinación de salvamento marítimo nunca le solicitó realizar dicha comunicación.
Según Sea-Watch, la guardia costera libia llegó posteriormente al lugar del rescate y estableció comunicación por radio con la tripulación del buque.
Un conflicto que enfrenta a Italia y organizaciones alemanas
El episodio se suma a una disputa que lleva años enfrentando al Gobierno italiano con organizaciones alemanas dedicadas al rescate de personas en el Mediterráneo.
Los críticos de estas operaciones, entre ellos representantes de la CDU/CSU y AfD, sostienen que la presencia de barcos humanitarios puede incentivar las travesías peligrosas y favorecer indirectamente la actividad de las redes de tráfico de personas.
Las organizaciones de rescate, por su parte, trasladan a las personas auxiliadas hacia puertos seguros, debido a que una devolución a Libia o Túnez puede resultar incompatible con las obligaciones internacionales de protección.
Italia endureció las normas para los barcos de rescate
Las operaciones civiles de salvamento en el Mediterráneo central se desarrollan desde 2015, después del final de la misión naval italiana Mare Nostrum, que fue sustituida por Triton, una operación europea con un enfoque más limitado.
La llegada de Giorgia Meloni al Gobierno italiano en octubre de 2022 estuvo acompañada por un endurecimiento de las normas aplicables a los barcos privados de rescate. Desde entonces, las embarcaciones deben dirigirse inmediatamente a un puerto asignado después de cada operación, incluso cuando todavía podrían realizar nuevos rescates.
Estas disposiciones tienen como uno de sus principales fundamentos la denominada ley Piantedosi, aprobada en 2023.
En diciembre de 2024, el Senado italiano amplió además el alcance de las sanciones, permitiendo que la responsabilidad pueda alcanzar al propietario o al operador de una embarcación cuando el mismo buque vuelva a ser sancionado dentro de un período de cinco años.
Sea-Watch denuncia decenas de inmovilizaciones
De acuerdo con Sea-Watch, desde 2023 Italia ha inmovilizado barcos de rescate en 44 ocasiones, acumulando más de 960 días de inmovilización.
La organización considera que estas medidas forman parte de una política destinada a limitar las operaciones de rescate civiles en el Mediterráneo. Para las autoridades italianas, en cambio, el cumplimiento de las normas nacionales constituye una condición para el desarrollo de estas actividades.
El caso del Sea-Watch 5 vuelve así a colocar en el centro del debate europeo la tensión entre el control migratorio, las políticas de seguridad fronteriza y las obligaciones de rescate y protección de las personas que atraviesan el Mediterráneo.
