(Diario EL UNIVERSO).- El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, se refirió ayer a la investigación que realizó EL UNIVERSO sobre los contratos de la emergencia judicial, ejecutada por el extinto Consejo de la Judicatura de Transición (CJT).
El reportaje reveló que cinco familiares del entonces presidente del CJT, Paulo Rodríguez Molina, constan en la nómina de C&C Constructores, que recibió un contrato por $ 20,8 millones para remodelar el Palacio de Justicia de Guayaquil.
C&C está conformada por Jorge Coppiano Luces, quien recibió dos contratos por $ 5,9 millones, y Patricio Cabal Bravo, quien se adjudicó dos contratos por $ 2,7 millones.
Jalkh respondió a los periodistas: “Sería muy grave que alguien a algún pariente le dé un contrato. Esto tendría que investigarse, pero de las investigaciones que conocemos, de informes iniciales de Contraloría, no tenemos esa información. Si alguien la tiene, debería plantear la denuncia, porque podría haber algún tipo de nepotismo si es que eso es cierto”.
Vea el especial: Los contratos de la emergencia judicial
Mientras se realizaba la serie sobre los contratos, Rodríguez no aceptó una entrevista, pero envió una carta en la que señaló que C&C “habría contratado” a Patricio Naranjo Molina (su primo en segundo grado) “en virtud de sus méritos profesionales”. “Ni el pleno del Consejo ni ninguno de sus miembros participó jamás en la selección de proveedores”, escribió.
Naranjo fue residente de obra en la remodelación del edificio del Registro Civil en el sur de Guayaquil, obra adjudicada por emergencia cuando Rodríguez era director de esa institución.
Sobre el software Justicia 2.0, que fue adquirido a la española Indra por $ 23,7 millones durante la emergencia, Jalkh indicó que no se ha puesto en marcha por observaciones preliminares de la Contraloría. “Seguiremos sus recomendaciones (definitivas) sobre si esa empresa debe hacer un trabajo adicional”, señaló.
Indra obtuvo el contrato pese a que el miembro técnico de la comisión calificadora, Álex Gordillo, estimó que su oferta incumplía los requisitos. El sistema solo funciona como plan piloto en Santa Elena.
Jalkh dio estas declaraciones durante la inauguración del edificio de la Corte Provincial de Pichincha. La inversión fue de $ 6,6 millones.
