Loja. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Dr. Jorge Montero Rodríguez, alcalde del cantón Calvas y consejero provincial, ha levantado una seria denuncia ante la Cámara Provincial de Loja, señalando presuntas irregularidades en los contratos de bacheo y rehabilitación de la carretera Cariamanga-Macaicanza-Tablón-El Lucero-Río Pindo.
Jorge Montero afirmó que esta situación es un «escándalo» y solicitó una investigación exhaustiva.
Adjudicación de 5 contratos
Durante su intervención, el alcalde Jorge Montero presentó documentos que, según él, evidencian la adjudicación de cinco contratos por un monto total de $2.179.157,23.
De estos, cuatro contratos fueron otorgados a la misma persona, el Dr. Juan Ignacio Medina Lozano, representante de la empresa REGN Reik, y un quinto contrato a la misma compañía, pero con el ingeniero Giovanni Tusa Merino como representante.
Los contratos se detallan de la siguiente manera:
- Adquisición de materiales pétreos para rehabilitación: $180.000
- Rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica: $199.350
- Rehabilitación de la vía Cariamanga-Lucero-Río Pindo: $818.556,67
- Adquisición de segmento para infraestructura vial: $264.325,50 (con Ingeniero Giovanni Tusa Merino)
- Adquisición de material para concluir rehabilitación: $716.925
Millonaria inversión
Jorge Montero enfatizó que, a pesar de la millonaria inversión, «nunca hicieron nada» en la vía, sugiriendo que el dinero fue «dilapidado». Además, reveló que estos contratos fueron supuestamente pagados y erogados antes de su firma, durante la administración del ex prefecto provincial, faltando solo cinco días para el término de su periodo.
El alcalde de Calvas exigió conocer a los administradores de estos contratos y a los miembros de la comisión técnica que participaron en su aprobación.
Comisión investigadora
El Dr. Jorge Montero recordó que una comisión de fiscalización de carreteras, solicitada por él mismo, no ha funcionado adecuadamente, y que la documentación requerida no fue entregada en su totalidad.
Ante esta situación, Jorge Montero propuso que la comisión de fiscalización, que considera aún vigente, tenga un plazo no mayor a 30 días para realizar un muestreo de las carreteras asfaltadas y presentar un informe real a la provincia de Loja.
Instó a la viceprefecta a liderar esta comisión, acompañada por técnicos del Consejo Provincial, para garantizar la transparencia y evitar la «persecución política».
El prefecto Mario Mancino, en respuesta, aseguró que su administración está en la obligación legal y moral de entregar toda la documentación pertinente para la fiscalización.
Afirmó que no se negará información y que la función de los consejeros es precisamente fiscalizar el accionar del Gobierno Provincial.
Respecto a la vigencia de la comisión, el prefecto indicó que la Cámara Provincial es la que aprobó que siga vigente dicha comisión de investigación.
Jorge Montero concluyó su intervención haciendo un llamado a la justicia y la transparencia, advirtiendo que, de no haber una respuesta adecuada, continuará denunciando las irregularidades con documentos probatorios.
