Quito. (Lindon Sanmartín Rodríguez).- El Consejo de la Judicatura anunció nuevas medidas para evitar la prescripción de sumarios disciplinarios y reforzar la lucha contra la impunidad dentro del sistema judicial ecuatoriano.
Durante una sesión del Pleno, las autoridades conocieron un informe sobre 86 expedientes disciplinarios que podrían prescribir entre mayo y junio de 2026, situación que motivó la adopción de acciones urgentes para garantizar que los casos sean resueltos dentro de los plazos legales.
La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo Aldaz, dispuso que el Pleno sesione al menos cuatro veces por semana hasta evacuar todos los procesos pendientes.
Además, ordenó que las direcciones provinciales remitan los expedientes disciplinarios con al menos dos meses de anticipación para evitar riesgos de prescripción y facilitar su tratamiento oportuno.
El informe también reveló que existen otros 106 sumarios disciplinarios que podrían prescribir entre julio y diciembre de 2026.
Como parte de las medidas de control, las direcciones provinciales deberán presentar reportes detallados sobre procesos archivados durante 2025 y 2026 sin conocimiento del Pleno, con el objetivo de revisar actuaciones administrativas y adoptar posibles acciones legales.
En la misma sesión, el Consejo de la Judicatura resolvió destituir a una exjueza de Santo Domingo identificada como A.J.T.C., quien enfrenta un proceso penal por presuntas irregularidades relacionadas con el concurso de jueces nacionales desarrollado en 2023.
El organismo también anunció medidas frente a hechos de violencia y amenazas contra dependencias y servidores judiciales atribuidos al crimen organizado.
Entre las disposiciones, las direcciones provinciales deberán entregar informes urgentes sobre ataques registrados contra unidades judiciales y funcionarios, información que será utilizada para coordinar acciones de seguridad junto a otras instituciones del Estado.
La Judicatura aseguró que estas decisiones buscan fortalecer la transparencia institucional, proteger a operadores de justicia y evitar que procesos disciplinarios queden en la impunidad.
