Quito.- El Consejo de la Judicatura, a través de la vocal Ana Karina Peralta, puso en manos de la Comisión de Justicia una propuesta de procedimiento especial y expedito para juzgar y sancionar los delitos contra la mujer y de violencia intrafamiliar.
Explicó que la Judicatura convocó a los entes que conforman la Función Judicial: Fiscalía, Defensoría Pública, así como al Ministerio de Justicia, para la construcción de esta iniciativa, en la que intervino también, en sus primeras reuniones, el Grupo Parlamentario por los Derechos de la Mujer.
Karina Pralta manfiestó que la propuesta fue analizada en grupos focales, en diferentes provincias, con operadores judiciales, fiscales, defensores, jueces penales y de violencia familiar, abogados en libre ejercicio, la Coalición de Mujeres, que incluye alrededor de 25 organizaciones.
Temas complementarios
Indicó que se han incluido temas complementarios al procedimiento, considerando los nudos críticos identificados en el trabajo operativo que se realiza en la Función Judicial, así como por la sociedad civil desde el acompañamiento a las víctimas y el patrocinio de los casos.
Las propuesta contiene reducción en los tiempos, tanto del proceso, cuanto de la investigación, la realización de la audiencia de juzgamiento en ausencia de la persona acusada y las normas especiales para garantizar el otorgamiento oportuno de las medidas de protección desde un enfoque integral. Esto, tomando en cuenta, además, las disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, agregó.
Se recogieron los estándares del Estatuto de Roma en cuanto a violencia sexual, incorporando para la etapa de ejecución de la sentencia como una medida complementaria a la reparación integral, es decir, una fase restaurativa, cuyo objetivo es que la víctima pasa a ser protagonista del proceso, permitiendo, así, que su historia, al ser expresada desde la narración de su experiencia, tenga un fin restaurador y no solo sirva como simple elemento de prueba, más allá del acompamiento psicológico, dijo.
Karina Pralta argumentó que se fijan reglas para la denuncia, los principios para la prueba, parámetros del procedimiento y del otorgamiento inmediato y oportuno de las medidas de protección, reglas para el otorgamiento de las medidas de reparación y para la aplicación de la fase restaurativa.
Finalmente, recordó, que la Corte Consitucional dispuso a la Asamblea Nacional que instrumentalice un procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.
